Publicado el 27 de julio del 2015
Ante la Comisión de Constitución, donde se continuó recabando opiniones sobre el proyecto que fortalece los partidos políticos, se resaltó la necesidad de legislar sobre esta materia, en concordancia con otras materias claves del sistema democrático del país, como el financiamiento y el sistema electoral.
Para el presidente de la Comisión de Constitución, diputado Leonardo Soto (PS), ha sido muy interesante recibir distintas miradas y enfoques de la importancia y claves del sistema de partidos para el sistema democrático, donde ha quedado de manifiesto que se debe legislar de manera integrada y en concordancia con el sistema electoral ya aprobado y con el proyecto de financiamiento de la política.
El legislador sostuvo que estas materias deben funcionar alineadas, estableciendo los incentivos, desincentivos y sanciones que correspondan.
Señaló que también se ha podido constatar que el proyecto presentado por el Ejecutivo contiene varias omisiones, muchos aspectos no regulados, que se espera sean resueltos en el trámite legislativo de esta Comisión, “para tener un sistema de partidos que incentive los valores que nos interesa estimular en una sociedad democrática como la que aspiramos”.
“Tenemos que pagar los costos de tener una buena democracia e intervenir con financiamiento público, pero exigir en la misma medida, conductas y marcos de actuación rigurosos en términos de probidad, transparencia y control democrático”, puntualizó el diputado Soto.
Exposiciones
Ante la Comisión expuso Marcela Ríos, oficial de Gobernabilidad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y que fuera parte de la denominada "Comisión Engel".
La cientista política expresó que es compartido el diagnóstico sobre el funcionamiento actual del sistema de partidos y la necesidad de generar cambios sistémicos coherentes entre sí al funcionamiento del sistema político, que permita modificar problemas de fondo del sistema democrático como, por ejemplo, el paulatino debilitamiento de los partidos políticos.
Ríos recordó que el sistema de partidos existente en Chile se ha considerado, por décadas, como la columna vertebral del sistema político, reconocido por su nivel de estabilidad y que ha permitido a los gobiernos contar con mayorías en el Congreso, destacándose la baja volatilidad electoral de Chile en el contexto de América Latina.
Pero asimismo, añadió, también es conocido que estos no están cumpliendo todas las funciones que deben asumir los partidos políticos, que son la representación, intermediación entre la ciudadanía y el Estado, elaboración de programas de gobierno y determinación de candidatos, entre otras, porque el sistema actual ha enfatizado ciertos aspectos y atrofiado otros.
Por su parte, el cientista político, Francisco Soto, explicó que los países, en general, han pretendido fortalecer la relación de los partidos con la ciudadanía y han avanzando en otorgar financiamiento público y entregar funciones más allá de lo electoral a estas instituciones, por lo que este proyecto en trámite y otras iniciativas paralelas, avanzan en ese sentido.
Agregó que los análisis comparados señalan que esta línea es el camino correcto y, sobre todo, en aquellos países que entienden que la pérdida de legitimidad de los partidos no es un tema aislado o único y la clase política ha aprovechado esta coyuntura para incorporar a la ciudadanía en un debate más profundo para fortalecer las instituciones.
David Huina, investigador del Área Legislativa del Instituto Libertad, señaló como valorable de este proyecto que se constata que el sistema de partidos en Chile es muy cerrado y que se busque mayor transparencia no solo hacia los afiliados, sino hacia los ciudadanos en general, y que avanza en la democracia interna y amplía el rol de los partidos.
En materia de transparencia, Huina planteó que discrepan con el proyecto en que no se tienda a uniformar las nomenclaturas que utilizan los partidos para denominar, por ejemplo, a sus órganos internos, porque, a su juicio, esto permtiría a los ciudadanos poder comparar de mejor manera a estas instituciones.
Finalmente, María Jaraquemada, directora de investigación de la Fundación Ciudadano Inteligente, valoró que el proyecto amplíe las funciones que deben cumplir los partidos en materia de formación ciudadana y capacitación de dirigentes y que se exija su compromiso con la democracia y los derechos humanos.
Pero en materia de transparencia, postuló que se avance en la creación de un estatuto especial para los partidos, aplicando así las normas de la Ley de Transparencia, con facultad para fiscalizar entregada al Consejo para la Transparencia y no diversificar esto en el Servicio Electoral.
Proliferación de partidos
Otros temas que se han planteado en el debate de este proyecto dicen relación con el riesgo de proliferación de partidos políticos con representación parlamentaria. Así lo planteó el diputado Aldo Cornejo (DC) quien señaló su preocupación e indicó la necesidad de escuchar a especialistas en regulación de los sistemas de partidos.
Asimismo, planteó como tema de debate la formación de partidos regionales, donde, hasta la fecha, el incentivo para su existencia ha sido la concreción de demandas regionales, debido al carácter centralista del Estado, pero también a ciertos caudillismos locales.
Por su parte, el diputado Fuad Chahín (DC) abordó la disyuntiva sobre el momento en que nace el derecho de los partidos a recibir financiamiento público. Sobre este punto, recordó que algunas posturas sostienen que este derecho emanaría desde el momento en que se formaron y alcanzaron representación parlamentaria; en tanto que otros, como es su caso, plantean que esto solo debiera darse cuando dicho cargo parlamentario se alcanzó representando a esa colectividad.
Al respecto, el legislador argumenta que se podrían generar casos, con un efecto negativo para la calidad de la democracia, donde un candidato de un partido es electo, renuncia, crea un partido regional y pide financiamiento para el nuevo partido en virtud de contar, entonces, con representación parlamentaria, porque en estos casos se desvirtúa el funcionamiento del sistema político en general.
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