Diputados de Salud pidieron a la Ministra Castillo que tome una decisión rápida para destrabar conflicto entre matronas y enfermeras

 Diputados de Salud pidieron a la Ministra Castillo que tome una decisión rápida para destrabar conflicto entre matronas y enfermeras

Publicado el 12 de agosto del 2015

Ante la instancia asistieron representantes de ambos gremios que expusieron su dispar interpretación respecto del dictamen de Contraloría respecto de las competencias y exclusividad de funciones en las unidades de neonatología de los servicios de salud.

    El presidente de la Comisión de Salud, diputado Juan Luis Castro (PS), informó que se solicitó a la Ministra de Salud, Carmen Castillo, tomar decisiones en forma rápida y solucionar lo más pronto posible las diferencias que mantienen las matronas y las enfermeras, producto de un conflicto de competencias que ha llegado, incluso, hasta los tribunales de justicia.

    En la sesión, la Ministra Carmen Castillo explicó que se conformó una mesa técnica que tiene un plazo máximo de ocho meses para buscar una solución. Sin embargo, los diputados integrantes de la comisión criticaron este plazo y que en dicha mesa no participen representantes de las matronas ni enfermeras.

    “Hoy existe un conflicto de competencia y creemos que ese conflicto debiera estar resuelto por el Ministerio de Salud lo antes posible, para que así no persista un clima hostil, que se ha visto reflejado en los hospitales, donde enfermeras y matronas enfrentan rivalidades indeseadas, que no corresponden, lo que redunda en un ambiente de beligerancia que podría ser atenuado con una decisión que tome el Ministerio de Salud”, indicó el diputado Castro.

    Dictamen de Contraloría

    La instancia legislativa escuchó a la presidenta del Colegio de Matronas y Matrones de Chile, Anita Román; del Colegio de Enfermeras, Paola Pontoni; y de la Federación de Nacional de Asociaciones de Enfermeras y Enfermeros de Chile, Magaly Miranda, en relación a las discrepancias que mantiene enfrentados a ambos gremios por el dictamen de la Contraloría General de la República, que refutó el alcance de la Norma General Administrativa N°21 del Ministerio de Salud, que consagra la exclusividad de ciertas áreas vinculadas a la neonatología y medicina general para las matronas.

    Dicho dictamen -en respuesta a una presentación que realizó la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermeras y Enfermeros-, señala que no corresponde entender que las unidades de neonatología y gineco-obstetras deban estar a cargo solo de matronas porque no existe una norma que establezca esa exclusividad administrativa y, además, cuestiona -en la forma-, la legalidad de la norma dictada por el Ministerio de Salud, ya que a juicio del ente contralor corresponde a un decreto exento y debería haber sido adoptada por decreto supremo de la Presidencia de la República.

    La presidenta de las matronas, Anita Román, señaló que “es sumamente peligroso”, tanto en la calidad de la salud que se entrega como en el futuro laboral de las matronas y matrones, que Contraloría señale que los puestos de trabajo que han sido “históricamente ocupados por la matronería puedan ser compartidos con enfermeras”.

    Por el contrario, Paola Pontoni, del Colegio de Enfermeras, aseguró que esperan que el Ministerio de Salud aplique en “forma armónica, en relación a las capacidades de cada uno de los profesionales”, el dictamen de Contraloría que fue emitido hace dos meses, y que los concursos que se realicen “sean abiertos y -de acuerdo al mejor curriculum- quede el mejor profesional preparado para atender a estos niños”.

    Finalmente, la diputada Karla Rubilar (IND) dijo que está claro que el Ministerio no tiene una posición sobre este conflicto y por “eso hemos llegado a los límites en el enfrentamiento -a mi juicio muy lamentable- entre matronas y enfermeras por el rol en particular en neonatología” y son el Poder Legislativo y el Poder Judicial quienes están abordándolo y no el Ministerio de Salud que tiene la potestad para tomar una posición desde el punto de vista de la salud pública.

    “Al Ministerio claramente le está faltando proactividad y tener sus decisiones rectoras en políticas públicas y no traspasarle a otros órganos del Estado las decisiones”.

    Anita Quiroga, Jefa de la División de Gestión y Desarrollo de Personas del Ministerio de Salud, aclaró, además ante la instancia, que el dictamen solo se refiere a la dirección de las unidades de neonatología y no a todas las funciones o cargos al interior de estas dependencias, punto que también interpretan en forma disímil tanto enfermeras como matronas, que entienden que todos los cargos vacantes solo pueden ser concursados por matronas, hecho que habría derivado en la presentación por parte de las enfermeras de esta consulta ante Contraloría.

Diputados: Rechazan en Comisión normas que posibilitan la regularización de palafitos en la provincia de Chiloé

 Rechazan en Comisión normas que posibilitan la regularización de palafitos en la provincia de Chiloé

Publicado el 12 de agosto del 2015

La iniciativa quedó en disposición de ser vista por la Sala, instancia que deberá resolver si acoge la postura de la Comisión de Vivienda, que aprobó el grueso del texto legal por unanimidad, o acepta el planteamiento de la Comisión de Hacienda, en orden a refutar el sistema concesional especial que se propone para regularizar las edificaciones instaladas en bienes nacionales de uso público.

    En votación dividida de tres votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados rechazó ayer en la tarde los dos artículos que permiten definir un sistema de concesión especial exento de tarifas y rentas para concretar la regularización de los palafitos de la provincia de Chiloé.

    El proyecto de ley (boletín 9124), que cuenta con la aprobación unánime de la Comisión de Vivienda y que quedó en condiciones de ser visto por la Sala de la Cámara, fue presentado por la Ministra de Vivienda, Paulina Saball, quien lamentó al término de la sesión el resultado de la votación.

    "A la Comisión de Hacienda llegó para abordar un punto importante que dice relación con la exención del pago de los derechos de las concesiones marítimas a estas familias y la Comisión tuvo una discusión sobre el tema y de la pertinencia de lo que se estaba haciendo y si para las familias de Chiloé era lo que querían o no. Finalmente la Comisión terminó rechazando la idea de esta exención así que se irá a la Sala con la aprobación unánime de la Comisión de Vivienda y con la opinión desfavorable en estos dos puntos que hoy fueron abordados en la Comisión de Hacienda", especificó la Secretaria de Estado.

    La Ministra sostuvo que, como Ejecutivo, estiman que este proyecto busca conciliar tres propósitos: generar mejores condiciones de habitabilidad; preservar el patrimonio; y ser coherente con la política de país en materia del uso del borde costero.

    El diputado Alejandro Santana (RN), representante de la zona de Chiloé y único voto en contra (el proyecto se rechazó porque los votos favorables no lograron la mayoría), recordó que durante el Gobierno de Sebastián Piñera se entregó un beneficio de excepción para mejorar los palafitos y se fijó un compromiso de avanzar en la entrega de derechos para sus habitantes que, de alguna manera, recogió la actual administración, aunque, a su juicio, de manera equivocada. "No niego que la intención puede ser positiva, pero también es importante reconocer que se tiene que legislar en beneficio de la gente y donde tenga seguridades y con este proyecto sienten que va a aumentar su inseguridad", planteó.

    El legislador dijo que se está hablando de un proyecto que está profundamente focalizado a 180 vivienda, de cinco de sectores de Castro y de un sector en Quenche, donde deben primar 200 años de historia y donde la gente espera obtener un reconocimiento de propiedad formal es a través de una escritura pública. "Por eso he pedido a este Gobierno que se haga un proyecto de excepción, como se hizo en el pasado con algunas caletas de distintas regiones del país y el Gobierno ha dicho que no es posible", recalcó.

    En términos concretos, los artículos que fueron rechazados en la Comisión permiten que el tipo de concesión marítima especial que se crea no pague las rentas y/o tarifas correspondientes al periodo de ocupación irregular y especifica que quedarán exentas del pago de las rentas y tarifas establecidas en la Ley de Concesiones Marítimas y su Reglamento.

    Datos del proyecto

    El objetivo de la propuesta legal es incentivar la formalización de las ocupaciones irregulares del borde costero constituidas por los palafitos de la provincia de Chiloé, región de Los Lagos, los que se encuentran emplazados sobre bienes nacionales de uso público.

    Conforme al texto despachado por la Comisión de Vivienda, el proyecto establece que las ocupaciones irregulares del borde costero de la Provincia de Chiloé, consistentes en construcciones denominadas palafitos, podrán ser regularizadas mediante el otorgamiento de concesiones marítimas, las que pasarán a ser identificadas como "concesiones marítimas menores".

    Para acogerse a los beneficios establecidos en esta ley, el solicitante deberá acreditar, por cualquier medio legal, excluyendo la prueba testimonial, que ocupa el sector, por sí o por otra persona en su nombre, en la actualidad y desde antes del 31 de marzo de 2014. No será útil para tal efecto la ocupación amparada en cualquier contrato celebrado con un tercero que no importe el ánimo de enajenar o en el que se ha acordado conceder el uso y goce del inmueble o permitir dicha ocupación a título de mera tenencia, como sucede en el arrendamiento o comodato de la edificación.

    Se determina que las solicitudes de concesiones que tengan por objeto regularizar la ocupación irregular de palafitos se sujetarán a las siguientes reglas:

    a. Las solicitudes presentadas por personas naturales cuyo objeto sea vivienda y usos compatibles con ella, tendrán una duración de 30 años y se regirán por lo dispuesto en la presente ley y, en subsidio, por lo establecido en la Ley de Concesiones Marítimas y su Reglamento.

    b. Toda otra solicitud se regirá por lo dispuesto en la Ley de Concesiones Marítimas y su Reglamento (con excepción de la rentas y tarifas exigidas en dicho cuadro legal, uso distinto de la concesión al manifestado, identificación como propietarios de los titulares y regularización de edificaciones).

    También se señala que el uso del sector concesionado para un objeto distinto del otorgado, será causal de caducidad, sin perjuicio de las demás causales establecidas en la Ley de Concesiones Marítimas y su Reglamento; y recalca que, en el caso de término de la concesión por muerte del concesionario, existirá un derecho preferente respecto del sector concesionado para el legitimario que designe de consuno la comunidad hereditaria acreditada mediante resolución administrativa o sentencia judicial de posesión efectiva, según corresponda (la norma regula, asimismo, el procedimiento a seguir en este último caso).

    Se determina, además, que los titulares de las concesiones marítimas otorgadas en virtud de esta ley "serán considerados propietarios para efectos de autorizaciones y permisos que establezcan las leyes, así como para acceder a todos los beneficios habitacionales, saneamiento sanitario, subsidios de agua potable, electricidad y otros, cumpliendo los requisitos correspondientes". Con todo, tendrán la obligación de permitir el acceso a otros palafitos o hacia el borde costero a través de la concesión.

    Los titulares de concesiones otorgadas en virtud de la presente ley no serán considerados propietarios para efectos de postular al subsidio habitacional para la compra de una vivienda. Sin embargo, el titular de una concesión, una vez nominado como beneficiario de un subsidio habitacional para la compra de una vivienda, deberá optar entre mantener su derecho de concesión o aceptar dicho subsidio. En este último caso, al momento de la entrega de dicha vivienda se extinguirá su concesión de pleno derecho, sin perjuicio de poder solicitar una nueva concesión bajo las reglas generales contenidas en la Ley de Concesiones Marítimas y su Reglamento.

    La iniciativa también establece que los titulares de las concesiones podrán, en el plazo de un año contado desde la notificación del decreto supremo de concesión marítima, regularizar las edificaciones construidas antes del 31 de marzo de 2014, en conformidad a un procedimiento especial y requisitos definidos para dicho efecto (para estos efectos se entiende por regularización el acto administrativo del Director de Obras Municipales por el cual se otorga simultáneamente el permiso de edificación y la recepción final de obra).

    Finalmente, entre otros aspectos, se indica que la ejecución de cualquier obra de edificación en la construcción regularizada, requerirá el correspondiente permiso de la Dirección de Obras Municipales, a petición del concesionario.

Diputados: Comisión de Minería y Energía eliminó piso de 6% para tasa de costo anual en la industria del gas

 Comisión de Minería y Energía eliminó piso de 6% para tasa de costo anual en la industria del gas

Publicado el 12 de agosto del 2015

En el contexto del proyecto que modifica la Ley de Servicios de Gas, se aprobó una indicación de la Nueva Mayoría que contraviene la propuesta del Ejecutivo que aseguraba este 6%, en línea con lo que acontece con otras industrias. Los autores argumentaron que la norma no se sustentó en un estudio concreto y sería solo una herencia de las leyes de amarre del Gobierno Militar.

    Con votos de la Nueva Mayoría y con la oposición del Ejecutivo, la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados eliminó esta tarde el piso de 6% para la tasa de costo anual en la industria del gas, ello en el contexto de la votación que se realiza en torno al articulado del proyecto (boletín 9890) que modifica la Ley de Servicios de Gas.

    La propuesta fue presentada por la diputada Yasna Provoste (DC) y el diputado Gabriel Silber (DC) como indicación al artículo que aborda la forma en que se define la tasa de costo anual de capital que deberá utilizarse en esta industria.

    En dicha norma se especifica que, para determinar la tasa, se deberá considerar "el riesgo sistemático de las actividades propias de las empresas concesionarias de servicio público de distribución de gas en relación al mercado, la tasa de rentabilidad libre de riesgo y el premio de riesgo de mercado". Pero además, se agregaba en la redacción propuesta por el Ejecutivo que la tasa "no podrá ser inferior al 6%".

    "Quisimos poner la mirada respecto de lo que fueron las leyes de amarre de los últimos días del Gobierno Militar en lo que dice relación con privilegios para las empresas, en este caso, para la industria del gas, en donde se les aseguraba un 6% de rentabilidad a todo evento", explicó la diputada Provoste.

    La legisladora estimó que las empresas o el sector que defiende el libre mercado tiene que ser capaz de no ir solo a aquellas zonas donde tengan una rentabilidad asegurada, sino que esta ganancia debe ser producto de una buena gestión y de una relación acorde con las expectativas ciudadanas. "Y, en ese sentido, creo que este proyecto, al menos en nuestra opinión, ha ido en la línea de poner la mirada desde los consumidores, equilibrar una relación con mayores exigencias para la empresa de gas, pero también hacer un efecto distintivo respecto de zonas geográficas", comentó.

    En el debate, ambos diputados DC recalcaron que la norma fue acordada prácticamente a cuatro paredes entre los representantes de la Junta Militar y las empresas del rubro, sin que mediara un estudio específico que determinara la cifra del 6%. "Estamos de acuerdo con que exista una tasa de capital, pero esta salvaguarda es lo menos objetivo y pertinente a un mercado que espera efectivamente competencia", precisó el diputado Silber.

    El Ministro de Energía, Máximo Pacheco, y el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, Sergio Romero, se manifestaron contrarios a la indicación y pidieron su retiro por los efectos que podría provocar en este mercado.. El Secretario de Estado, de hecho, defendió que el 6% representa una forma de asegurar un adecuado retorno para las empresas respecto de las contundentes inversiones que se deben hacer y llamó derechamente a los legisladores a considerar que, de eliminar el piso, esta industria sería la única con un sistema regulado que carecería de este margen de rentabilidad asegurado. "Sería una imprudencia no poner un piso del 6%", recalcó.

    Pese al discurso del Ministro Pacheco y a las intervenciones de los diputados UDI Issa Kort y Sergio Gahona, la indicación fue finalmente aprobada con los votos a favor de las diputadas Yasna Provoste y Daniella Cicardini (PS) y de los diputados Gabriel Silber, Luis Lemus, Lautaro Carmona y Marcos Espinosa (PRSD). Votaron a favor la diputada Paulina Núñez (RN) y los diputados Sergio Gahona, Felipe Ward e Issa Kort.

    "Creo que acá uno podrá traer sus indicaciones, se discutirán y no concordar con el Ejecutivo en muchas de ellas, pero también es importante cuando estamos viendo el cuerpo o un tema medular del proyecto y que el Ejecutivo pide que eso vendría a perjudicar el avance del proyecto, creo que hay que escuchar", planteó la diputada Núñez, quien se manifestó confiada que la norma será modificada en el trámite que se realizará luego en la Comisión de Hacienda.

    Evolución del trámite

    La diputada Paulina Núñez resaltó que se han hecho los mayores esfuerzos para tratar de despachar esta propuesta legislativa con celeridad, pero reconoció que es una materia compleja y muy técnica en que se presentan, en ocasiones, grandes diferencias, incluso entre el Ejecutivo con los parlamentarios oficialistas, como fue el caso del tema del 6%.

    Estimó que se va a terminar con un buen proyecto que busca aumentar la competencia en el mercado del gas y, de esa forma, beneficiar a los consumidores teniendo más opciones que permitan disminuir los precios y que también quede en una libertad tarifaria, pero si con la posibilidad de que exista un máximo de fijación de la tarifa, que si las empresas lo llegan a pasar, sea resuelto o a través del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia o por la vía del panel de expertos.

    Destacó que, en la sesión de hoy, se aprobó una indicación que permite que cuando la empresa cobre demás, el cliente no solo pueda exigir la devolución del dinero, sino que, además, este sea entregado en efectivo o en la próxima cuenta con los intereses respectivos.

    La diputada Yasna Provoste coincidió en la buena perspectiva del proyecto y consideró que, con la cantidad de sesiones especiales que se han puesto para sacar adelante la votación, es posible terminar antes de la semana distrital, es decir, antes del 24 de agosto.

Cámara de Diputados aprobó proyecto que permite y regula la emisión de tarjetas de prepago

 Cámara de Diputados aprobó proyecto que permite y regula la emisión de tarjetas de prepago

Publicado el 11 de agosto del 2015

El texto, enviado al Senado a cumplir su segundo trámite constitucional, apunta a que aquellos sectores con menor poder adquisitivo, y por ende fuera del sistema financiero.

    Con 98 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto (boletín 9197) que permite la emisión de medios de pago con provisión de fondo por entidades no bancarias, es decir, tarjetas de prepago entregadas por instituciones distintas a los bancos.

    Estos medios de pago con provisión de fondos podrán emitirse en forma nominativa o al portador, sujetos a los requisitos y límites que fije el Banco Central para cada uno de ellos. El titular o portador podrá solicitar al emisor, en cualquier momento, la devolución del saldo de dinero provisionado, sin reajustes ni intereses.

    Por no alcanzar el quórum requerido (67 votos), se rechazó el artículo 3° (recibió 65 votos a favor, 1 en contra y 40 abstenciones), que establecía que las empresas que participen en este rubro deban regirse por la normativa del Banco Central, la Ley de Bancos y otros cuerpos legales y fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF).

    Además, las empresas deberán cumplir con los requisitos de constitución establecidos por la Ley General de Bancos; en tanto que los accionistas fundadores de las sociedades deberán verificar los requisitos de integridad fijados en este mismo cuerpo legal.

    El proyecto también avanza en regular la adquisición de acciones de parte de un emisor y describe las facultades que las empresas tendrán para recibir dinero del público, el cual sólo podrá destinarse para efectuar los pagos correspondientes a la utilización de dichos medios, al cargo de las comisiones que procedan o al reembolso de los recursos recibidos del titular del instrumento de pago.

    Asimismo, se definen los procedimientos que deberán emplear las empresas para el tratamiento de los dineros (sólo se podrán mantener en caja o invertidos en instrumentos financieros autorizados por el Banco Central); y autoriza a las cooperativas de ahorro y crédito fiscalizadas por la SBIF a emitir y operar estos medios de pago, así como a las Cajas de Compensación a constituir filiales con el objeto de emitir estos medios de pago

    La iniciativa también describe las facultades específicas de la SBIF en materia de fiscalización; las eventuales sanciones a los infractores y los mecanismos a seguir en el caso de revocación de un permiso de operación; y el sistema que operará en caso de fondos no rescatados, entre otras normas.

    Finalmente, se contempla un año de plazo, contado desde la publicación de la ley, para que los emisores y operadores no bancarios que actualmente se encuentren autorizados para realizar las operaciones, se constituyan en el país como sociedades anónimas especiales, conforme a lo establecido en esta normativa.

Diputados: Ingresa proyecto del Ejecutivo que crea una asignación de fortalecimiento a la autoridad sanitaria

 Ingresa proyecto del Ejecutivo que crea una asignación de fortalecimiento a la autoridad sanitaria

Publicado el 11 de agosto del 2015

La iniciativa presentada por el Gobierno busca establecer el pago de una asignación mensual al personal de planta y contrata de la autoridad sanitaria, el cual tiene por objetivo contribuir y reforzar el cumplimiento adecuado de las responsabilidades en materia de fiscalización, incentivando la permanencia del personal en la institución.

    Esta mañana, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que crea una asignación de fortalecimiento de la autoridad sanitaria (boletín 10239).

    En el documento, la mandataria aclaró que este incentivo construirá a reforzar las diversas labores fiscalizadoras de los funcionarios y funcionarias en materia de inocuidad de alimentos, salud ambiental, salud ocupacional y prevención de riesgos, zoonosis, profesiones médicas y paramédicas, sanidad marítima, ley de etiquetado de alimentos, licencias médicas, inhumaciones, exhumaciones y traslado de cadáveres, y artículos escolares, entre otros.

    Además, recalcó que por medio de este proyecto de ley “el Gobierno reafirma su compromiso con los funcionarios y funcionarias que se desempeñen en el ámbito de la salud pública, cumpliendo así lo acordado con ellos con miras a fortalecer la autoridad sanitaria en la búsqueda de la gestión de calidad que debe estar a la excelencia del servicio y al compromiso con la salud de la población”.

    Explicó también, que la asignación se estructurará con dos componentes. El primero, uno fijo cuyo monto ascenderá a la cantidad de $100.000 brutos mensuales a contar del mes de diciembre de 2016, y el segundo, un componente proporcional, que a contar del mismo mes de diciembre de 2016 será de un 10% respecto del sueldo base y las asignaciones sustitutivas, profesional y de responsabilidad, según corresponda.

    Asimismo, recalcó que esta asignación tendrá el carácter de imponible y tributable y no servirá de base de cálculo de ninguna otra remuneración.

    Por otra parte, el articulado del proyecto contempla un bono único adicional de $150.000 brutos, para los funcionarios de la Subsecretaría de Salud Pública, el cual será cancelado en dos cuotas, la primera de $50.000 y la segunda de $100.000 brutos.

    Finalmente, la iniciativa legal establece que la autoridad sanitaria deberá definir un plan institucional que de cuenta de las principales líneas de acción y objetivos por cumplir. Dicho plan debería ser enviado a las Comisiones de Salud permanentes del Congreso Nacional, junto con un informe que contenga el porcentaje de avance, resultados y medidas de los objetivos establecidos.

    El proyecto fue derivado a la Comisión de Salud para su trámite legislativo y posteriormente a la Comisión de Hacienda, en lo pertinente.

Diputados: Gobierno presentó proyecto que reestructura los sistemas de transmisión de energía eléctrica y crea un coordinador único

 Gobierno presentó proyecto que reestructura los sistemas de transmisión de energía eléctrica y crea un coordinador único

Publicado el 11 de agosto del 2015

La iniciativa se fija como objetivo alcanzar la maximización del beneficio social, a través de la aplicación de un conjunto de principios rectores; promueve el interés colectivo y general; y procura favorecer el desarrollo de un mercado de generación más competitivo, para bajar los precios de energía a los clientes finales, libres y regulados. Asimismo, el nuevo organismo tendrá como base las funciones de los actuales Centros de Despacho Económico de Carga del SIC y SINC.

    En el marco de la llamada "agenda de energía", el Gobierno ingresó esta mañana a trámite legislativo a la Cámara de Diputados un proyecto (boletín 10240) que establece nuevos sistemas de transmisión de energía eléctrica y crea un organismo coordinador independiente del sistema eléctrico nacional.

    El Ejecutivo especifica en el mensaje que la propuesta, derivada para su estudio a la Comisión de Minería y Energía, se enmarca dentro de las siguientes definiciones:

    1. La interconexión de los dos grandes sistemas eléctricos (SING-SIC) motiva la reestructuración de la operación del nuevo sistema a través de un único coordinador nacional, sin perjuicio de la subsistencia de algunos sistemas eléctricos medianos y aislados.

    2. Dotar a esta nueva institución de mayores grados de independencia en relación con los incumbentes de los distintos segmentos de la industria (generación, transmisión, distribución y clientes libres). En todo caso se aclara que esta independencia no significa "autonomía", toda vez que debe sujetarse al mandato legal y del regulador.

    3. Dotar al coordinador del sistema de nuevas funciones y perfeccionar otras que ya realiza, recogiendo la evolución del mercado eléctrico nacional y las mejores prácticas internacionales.

    4. El coordinador del sistema debe velar por el interés colectivo y general, en el cumplimiento de sus funciones, lo que debe estar debidamente recogido en la ley, cumpliendo los mandatos de política pública contenidos en ella.

    Conforme a lo anterior, el Gobierno se fija como objetivo alcanzar la maximización del beneficio social, a través de la aplicación de los principios rectores de robustez, flexibilidad, eficiencia económica, planificación de largo plazo, seguridad y calidad de servicio y sustentabilidad, esta última observada en una triple dimensión: uso del territorio, impacto ambiental y entorno social.

    Como metas más específicas, la iniciativa pretende lograr que la transmisión eléctrica favorezca el desarrollo de un mercado de generación más competitivo, para bajar los precios de energía a los clientes finales, libres y regulados; incorporar en la planificación de la transmisión una perspectiva de largo plazo que permita considerar una visión estratégica del suministro eléctrico, los intereses de la sociedad, el cuidado del medio ambiente y el uso del territorio; mejorar los estándares de seguridad y calidad de servicio del sistema, promoviendo esquemas que incentiven su cumplimiento y compense a los usuarios frente a indisponibilidades; robustecer e independizar al coordinador del sistema; e incorporar al Estado, como garanto del bien común, en la definición de los trazados y emplazamiento de los nuevos sistemas de transmisión, especialmente en aquellos de servicio público.

    La nueva institucionalidad contempla la creación de un organismo independiente, sin fines de lucro, ad hoc y dotado de personalidad jurídica propia que pasará a denominarse "Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico Nacional" y que, sin formar parte de la administración del Estado, le serán aplicables las normas de transparencia y acceso a la información pública.

    El nuevo organismo tendrá como base las funciones de los actuales Centros de Despacho Económico de Carga (CDEC) de los Sistemas Interconectado Central y del Norte Grande (SIC y SINC, respectivamente), para lo cual se propone un fortalecimiento y perfeccionamiento de las actuales funciones de coordinación, así como la entrega de nuevas tareas y obligaciones que recoge la evolución del mercado nacional, las mejores prácticas internacionales y las necesidades que se han planteado a partir del diagnóstico de los actuales CDEC, "dentro de las que destacan la colaboración que deberá tener con las autoridades correspondientes en el monitoreo de la competencia en el mercado eléctrico y un exigente estándar de transparencia en el manejo de la información.

    El proyecto considera también el sistema de administración de la nueva institucionalidad a través de un Consejo Directivo, los requisitos de sus miembros, los procedimientos de su elección, la duración de los cargos, remuneraciones y obligaciones, entre otros.

    La propuesta legal también avanza en materia de planificación energética y de la expansión de la transmisión. En este punto se redefinió los sistemas de transmisión, orientando su caracterización a la funcionalidad de estos por sobre criterios técnicos estrictos para establecer una planificación más armónica en el contexto del sistema como un todo coherente e integrado.

    La nueva definición distingue los Sistemas de Transmisión Nacional (actualmente Troncal) como aquellos que permiten la conformación de un mercado común, interconectando los demás segmentos del sistema de transmisión, para abastecer la demanda eléctrica bajo diversos escenarios. En un plano similar se establecen las características de los Sistemas de Transmisión Zonal (subtransmisión) y los Sistemas Dedicados (transmisión adicional); se distingue un nuevo segmento de transmisión destinado a la infraestructura; y se reconoce los sistemas de interconexión internacional.

    Específicamente en planificación energética, se incorpora un nuevo proceso quinquenal de largo plazo, a cargo de1 Ministerio de Energía, para un horizonte do 30 años. Dicho proceso debe entregar los lineamientos generales relacionados con escenarios de desarrollo del consumo y de la oferta de energía eléctrica que el país podría enfrentar en el futuro.

    Asimismo, se incorporan nuevos criterios a tener en cuenta por el planificador de la expansión de la transmisión, considerando:

    a. La minimización de los riesgos en el abastecimiento.
    b. La creación de condiciones que promuevan la oferta y faciliten la competencia.
    c. Instalaciones que resulten económicamente eficientes y necesarias para el desarrollo del sistema.
    d. La posible modificación de instalaciones de transmisión existentes que permitan realizar las ampliaciones necesarias del sistema de una manera eficiente, evitando duplicidades.

    El proyecto también propone formalizar la existencia de las zonas con altos potenciales de generación bajo el concepto de "Polo de Desarrollo"; crea una nueva categoría de sistemas de transmisión para aglomerar proyectos asociados a un polo de desarrollo como facilidad para coordinar proyectos privados futuros o existentes, de modo de aprovechar la transmisión que los conectará, en conjunto, al resto del sistema transmisión.

    Asimismo, se definen normas sobre la definición de trazados; se extiende el alcance del acceso abierto a todas las instalaciones de transmisión (resguardando las capacidades existentes y las previstas de utilizar por los actuales usuarios, supeditando dicho acceso, y la relación entre las partes a la operación segura y más económica del sistema bajo el control del Coordinador); busca que la transmisión eléctrica no sea una barrera para la competencia, entregando señales de simplicidad y transparencia de los cálculos de costos con el fin de propiciar menores costos de suministro.

    Finalmente, entre otros variados puntos, con el fin de fortalecer el desarrollo normativo, la iniciativa propone medidas que buscan establecer un proceso estandarizado de elaboración, revisión y actualización de la normativa sectorial; definir responsables, según tipo de normativa; mejorar en la fiscalización y cumplimiento de la norma; consagrar los principios de seguridad y calidad de servicio en la ley; y establecer un sistema de compensaciones a usuarios finales que hayan sido afectados por indisponibilidad de suministro o de instalaciones.

Cámara de Diputados llama al Ejecutivo a mejorar el sistema de Isapres

 Cámara de Diputados  llama al Ejecutivo a mejorar el sistema de Isapres

Publicado el 11 de agosto del 2015

Los legisladores sostienen que existen numerosos problemas en la gestión de estas instituciones, lo que se evidencia en las 99.521 acciones judiciales que existen en las Cortes de Apelaciones en contra de las Isapres.

    Por 76 votos a favor, 7 en contra y 15 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la resolución N° 357, que solicita al Ejecutivo tomar todas las medidas reglamentarias y legislativas con el fin de implementar mejoras sustanciales al sistema de las Isapres.

    En especial, se propone establecer la obligatoriedad para la Isapre de contar cona cuerdos de prestación de servicios en recintos asistenciales localizados en cada una de las ciudades en las que sean ofrecidos los respectivos planes de salud, con el fin de impulsar un sentido de territorialidad a las prestaciones médicas, lo que incentiva a su vez, la existencia de Isapres regionales.

    También se plantea poner fin a las preexistencias médicas, "pues imponen una verdadera carga para los afiliados y deteriora su derecho a una atención de salid digna", así como facilitar la movilidad de los afiliados entre las Isapres a través de un fondo privado de compensaciónde riesgo.

    En tercer lugar, se pide reformar el régimen de cobertura del subsidio de las licencias médicas para cubrir, inclusive, los tres primeros días. "Dicha modificación es necesaria para desincentivar el otorgamiento de licencias extensas por enfermedades menos graves, dando a cada tipo de enfermedad un descanso adecuado. Esto transparenta la realidad detrás del sistema de licencias: las enfermedades no son cortas ni largas, son enfermedades y el afiliado no puede ser castigado por eso", concluye el texto.

    La iniciativa fue presentada por los diputados Paulina Núñez (RN), Marcela Sabat (RN), Cristián Monckeberg (RN), Alejandra Sepúlveda (Ind), Camila Vallejo (PC), Juan Luis Castro (PS), Gonzalo Fuenzalida (RN), Felipe Ward (UDI), Karol Cariola (PC) y Alejandro Santana (RN).

    Contó además con la adhesión de los diputados de RN Jorge Rathgeb, Bernardo Berger, Diego Paulsen, Nicolás Monckeberg, Leopoldo Pérez y René Manuel García, el PS Daniel Melo y los UDI David Sandoval y Patricio Melero.

Diputados: Comisión de Hacienda despachó proyecto que exime de la cotización de salud para pensionados del sistema solidario

 Comisión de Hacienda despachó proyecto que exime de la cotización de salud para pensionados del sistema solidario

Publicado el 11 de agosto del 2015

La propuesta contempla tres puntos principales: exime gradualmente de cotizar el 5% para salud para los beneficiarios del sistema de pensiones solidarias; facilita el traspaso de las pensiones de invalidez a las de vejez en el pilar solidario; y garantiza una asignación para gastos funerarios que se generen cuando fallezcan personas de este grupo del sector pasivo. La iniciativa, que cuenta también con informe favorable de la Comisión de Trabajo, será visto mañana por la Sala de la Cámara de Diputados.

    Replicando el apoyo entregado en la Comisión de Trabajo, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó esta tarde, por unanimidad, y despachó a la Sala el proyecto (boletín 10201) que exime de la cotización de salud para pensionados del sistema solidario, introduce mejoras en el ámbito administrativo y restituye la denominada cuota mortuoria

    La propuesta, que será vista mañana en la Sala de la Cámara de Diputados, fue presentada ante la instancia que preside el diputado Pepe Auth (PPD) por la Ministra del Trabajo, Ximena Rincón, y por la Subsecretaria de Previsión Social, Julia Urquieta, sus asesores directos y representantes de la Dirección de Presupuestos.

    El debate en la instancia tuvo principalmente dos focos: uno relativo a la redacción del artículo transitorio que define la entrada en vigencia de la rebaja en dos tramos y la precisión del costo que la medida tendrá, tanto en su fase transitoria como en régimen. Respecto del primer punto, la Ministra Rincón comprometió evaluar la presentación, a nivel de Sala, de una indicación que clarifique cuándo entrarán a regir uno y otro tramos de la rebaja de cotización (del 5% al 3% y luego de este margen al 0%).

    La Secretaria de Estado también consideró que quedó superado el segundo cuestionamiento hecho por los diputados, en lo relativo a las cifras, con el compromiso de entregar el desagregado trimestral del costo de los beneficios implicados en este proyecto de ley.

    Al término de la sesión, Ximena Rincón se manifestó muy contenta con el contundente resultado y destacó que el beneficio va a significar que, de aquí a dos años, se llegará a tener cotización cero para los pensionados del sistema solidario. "Pero no solo eso, estamos restituyendo la cuota mortuoria y estamos haciendo automático el paso de la pensión de invalidez a la pensión de vejez de nuestros adultos mayores, lo que es una buena noticia también en nuestro sistema de seguridad social", precisó.

    La Comisión de Hacienda se abocó a votar específicamente la norma referida al financiamiento de los beneficios. Al respecto, la norma indica que "el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley en su primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo a la partida presupuestaria del Ministerio del Trabajo y Previsión Social" y, en lo que falte, con cargo a los recursos de la partida presupuestaria Tesoro Público. Para los años posteriores, el gasto se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las leyes de Presupuestos para el Sector Público. La norma fue aprobada por doce votos a favor.

    Según el informe financiero, el gasto fiscal para 2015 será de 4.183 millones de pesos (sólo incluye la exención de cotización de salud durante tres meses, entendiendo que la norma entrara en vigencia en octubre de este año). En 2016, el costo sería de 26.455 millones de pesos (incluye rebaja al 3% por nueve meses y al 0%, por tres meses, más una estimación de la aplicación de la cuota mortuoria). En 2017, 49.750 millones de pesos, con el sistema en régimen.

    Datos de la propuesta

    El proyecto modifica la Ley 20.531, que exime total o parcialmente la obligación de cotizar para salud a los pensionados, mayores de 65 años de edad, que se encuentren percibiendo o que en el futuro perciban los beneficiarios del Sistema de Pensiones Solidarias. La norma, en concreto, fija una reducción gradual en dos tramos: entre el día siguiente a la publicación de la ley y durante los siguientes doce meses, la cotización legal será de un 3% (hoy es de un 5%). Vencido el plazo recién señalado, la norma entrará en rigor, con la eximición total del cargo.

    La iniciativa también procura facilitar la tramitación de oficio de las solicitudes de pensión básica solidaria de vejez y del aporte previsional solidario de vejez. Para este efecto, se otorga al Instituto de Previsión Social (IPS) las competencias correspondientes para tramitar dichas solicitudes durante el trimestre anterior a que un beneficiario cumpla la edad exigida por la ley, esto es, 65 años de edad.

    Una vez tramitada de oficio la solicitud de los beneficios, la pensión básica solidaria de vejez o el aporte previsional solidario de vejez, según corresponda, se devengarán a contar del día primero del mes siguiente al cumplimiento de los 65 años de edad, siempre que los peticionarios reúnan los requisitos para ser beneficiarios de dicha pensión o aporte.

    El tercer punto que contempla este proyecto de ley es garantizar que todos los pensionados del sistema de pensiones solidarias cuenten con una asignación que ayude a solventar los gastos funerarios que se generen cuando fallezcan. Así, se dispone que aquellos que no sean causantes de asignación por muerte o cuota mortuoria en algún régimen de seguridad social causarán asignación por muerte, correspondiéndole al IPS verificar el cumplimiento de los requisitos.

    En el caso de los beneficiarios de cuota mortuoria del DL 3.500, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social (quien este unido o no por vínculo de matrimonio o parentesco con el afiliado fallecido y acredite haberse hecho cargo de los gastos del funeral), cuyo causante sea beneficiario del Sistema de Pensiones Solidarias, se establece el derecho a la diferencia que se genere entre el monto efectivo de la prestación y las 15 unidades de fomento que establece como límite dicho precepto.

    Producto de la modificación recién indicada, la propuesta legal deroga una norma de Ley 20.301, que modificó la regulación de la cuota mortuoria, que en su minuto hizo extensiva la asignación por muerte a los beneficiarios de pensión básica solidaria de invalidez carentes de recursos.

    Cabe mencionar que el proyecto, tanto en lo referente a los trámite de solicitud de pensiones como a lo relativo a la cuota mortuoria, define una entrada en vigencia para el primer día del sexto mes posterior a la fecha de su publicación en el Diario Oficial.

    Al término de la sesión, el diputado Ernesto Silva (UDI), quien fuera designado para informar sobre el proyecto a la Sala, felicitó que la actual administración de Michelle Bachelet retomara una iniciativa del Gobierno de Sebastián Piñera, que permitió la rebaja de la cotización de salud del 7% al 5%, ampliando el beneficio, primero a una rebaja del 3% y, luego, en un plazo de un año, a 0%, manteniendo sus beneficios en Fonasa.

    El legislador, en todo caso, lamentó que la rebaja de la cotización no hubiese sido aplicada de manera más rápida, pero estimó que, para eso, el país tendría que crecer más, situación que no ha podido verificarse por el impacto de las reformas que se han impulsado desde el Ejecutivo.

    Los diputados DC José Miguel Ortiz y Pablo Lorenzini se expresaron contentos por el resultado y expresaron su deseo de que se repita el mismo respaldo en la Sala.“Este proyecto es uno de los compromisos simbólicos de la Presidenta Bachelet, hecho el 21 de mayo, que exime de la cotización obligatoria a los pensionados, mayores de 65 años de edad, que actualmente cumplen los requisitos para acceder a la rebaja de la cotización legal de salud establecida en la Ley 20.531, que había disminuido con anterioridad de un 7% a un 5% esta obligación”, resaltó el diputado Lorenzini.

    El legislador informó que solicitó a la Dirección de Presupuestos y al Gobierno que se pueda estudiar la posibilidad de apresurar el proceso de gradualidad fijado, de modo de llegar antes al 0% de cotización.

    Finalmente, para el diputado Ortiz, “esta es una gran noticia porque la iniciativa del Gobierno también incorpora beneficios adicionales en materia previsional, facilitando la solicitud de una prestación de vejez a todos los beneficiarios del sistema de pensiones solidarias de invalidez, para que no deban acudir personalmente al IPS a presentar la respectiva solicitud cuando cumplen sus 65 años".

Mineduc detalla indicaciones a carrera docente en reunión con diputados de oposición

 Mineduc detalla indicaciones a carrera docente en reunión con diputados de oposición

Publicado el 10 de agosto del 2015

Según explicó Jaime Bellolio, la ministra Delpiano confirmó que las modificaciones al proyecto serán ingresadas este miércoles, incluyendo una fórmula para aumentar a 40% las horas no lectivas.

    A poco más de 48 horas de que el Ministerio de Educación presente las indicaciones al proyecto de Carrera Docente, los diputados del bloque opositor que integran la Comisión de Educación se reunieron este lunes con la ministra Adriana Delpiano, con el fin de “conocer cómo se traducirán los compromisos asumidos”.

    Luego de la cita -realizada a partir de las 9:30 horas en las dependencias del Mineduc-, el diputado UDI Jaime Bellolio explicó que la secretaria de Estado refrendó la decisión de ingresar las indicaciones el próximo miércoles, y detalló algunos aspectos que éstas contendrán, aunque sin dar a conocer su redacción final. Por ello, una vez que analice el texto, la oposición evaluará las indicaciones adicionales que ingresaría, para lo cual tiene plazo hasta el próximo viernes 14, precisó el parlamentario.

    Bellolio destacó que “vamos a estar muy atentos de que se cumpla cada uno de los compromisos que hemos adquirido con el Ministerio de Educación”, detallando que éstos se relacionan con “que la carrera sea atractiva en los primeros años para los nuevos docentes; que la formación inicial sea más exigente, pero que no signifique que haya un modelo único; que la progresión en la carrera también sea atractiva; que protejamos a los niños y niñas, y ese es el objeto de que también se incorpore lo local, con el equipo directivo en las evaluaciones, y por último, que haya una valoración hacia los docentes en escuelas vulnerables y no se discrimine a las escuelas subvencionadas, sino que puedan ir ingresando a la carrera docente en la medida que vayan cumpliendo con los requisitos”.

    Respecto de cómo se incorporará el compromiso de aumentar a 40% las horas no lectivas, el diputado Bellolio precisó que “eso es algo que conversamos, pero cuya definición en el proyecto lo vamos a poder ver recién el día miércoles”. Sin embargo, el parlamentario adelantó que “el Ministro de Hacienda nos dijo en su momento que (el aumento de horas no lectivas) va a depender del crecimiento del país, particularmente de dos indicadores macroeconómicos. La razón que se nos ha dado en la demora de la redacción de esa indicación es que, probablemente, ésta será igual a lo que ocurra en otros proyectos, es decir, que los recursos adicionales tendrán directa relación con las condiciones del país”.

    El diputado Bellolio comentó que en el encuentro “aprovechamos también de hablar, en términos generales, de otros proyectos”, y dijo esperar que “se termine con la sobreideologización que ha dominado el debate educacional”.

Diputados: Buscan ampliar planes y programas educativos hasta cuarto medio para personas sordas

 Buscan ampliar planes y programas educativos hasta cuarto medio para personas sordas

Publicado el 10 de agosto del 2015

La iniciativa toma en cuenta una solicitud rechazada por la Secretaría Regional Ministerial de Educación a la escuela Dr. Jorge Otte, especializada en educar niños sordos.

    Por una unimidad, fue aprobada en la Sala de la Cámara de Diputados la resolución 356, que solicita a la Presidenta de la República ampliar los planes y programas educativos hasta cuarto medio para personas sordas.

    La resolución, que fue ingresada a la Cámara el pasado jueves 7 de mayo por los diputados Giorgio Jackson (IND) y Lautaro Carmona (PC), describe que para las personas sordas rige el Decreto 86 del Ministerio de Educación, que aprueba planes y programas de estudio para niños con trastornos de la comunicación, pero que “este decreto no cuenta con una normativa tendiente a abarcar la escolaridad media, por lo que la enseñanza media queda sujeta a las reglas generales en tanto no es posible negar este derecho”.

    Asimismo, señalan que existen también establecimientos educacionales con Programas de Integración Escolar, PIE, que reciben recursos adicionales para costear profesionales de apoyo a las necesidades educativas especiales de estos estudiantes, sin embargo, en opinión de algunos especialistas, estos recursos no permiten responder a sus características y necesidades de manera permanente y/o cotidianas tanto en el ámbito lingüístico y cultural.

    Por este motivo, y teniendo en consideración el rechazo a la petición de la escuela Dr. Jorge Otte, en la que el argumento de la Secretaría Regional Ministerial de Educación fue basado en la jerarquía normativa del Decreto 86 del año 1990, los diputados Jackson y Carmona han solicitado la modificación de este, con el fin de ampliar los planes y programas educativos hasta cuarto medio para las personas sordas.

Diputado Melo llamó al Estado a tomar medidas e invertir en infraestructura y colectores de aguas lluvias

 Diputado Melo llamó al Estado a tomar medidas e invertir en infraestructura y colectores de aguas lluvias

Publicado el 07 de agosto del 2015

El legislador dijo que es urgente que las autoridades tomen conciencia del problema y superen un problema que se presenta año a año en diversas comunas del país.

    Atendiendo los efectos provocados por las intensas lluvias que cayeron durante las últimas horas en Santiago y otras comunas del país, el diputado Daniel Melo (PS) hizo un llamado a la autoridad para que tome las medidas del caso e invierta en infraestructura y en colectores de aguas lluvias y evitar así anegamientos y el colapso de los servicios.

    “Es urgente que las autoridades de Gobierno tomen conciencia de las problemáticas que viven miles de vecinos de nuestras comunas y del sector sur de Santiago, los que se ven fuertemente afectados cada vez que llueve, principalmente en la Gran Avenida, lo que se ha transformado en un problema sin solución, por años”, remarcó.

    El parlamentario recordó que el año pasado se le pidió al Ministro de Obras Públicas un plan maestro de aguas lluvias para las comunas de El Bosque y La Cisterna, ya que ambas comunas carecen de este tipo de infraestructura, lo que se traduce en inundaciones en diversos puntos y diversos problemas para los vecinos que se extienden por décadas.

    El diputado planteó que “el Estado y el Gobierno Regional deben poner especial atención en estas materias y sostuvo que, si bien los municipios han hecho todos los esfuerzos necesarios para dar solución a estas problemáticas, no se ha atacado el problema de fondo, que tiene que ver con cómo está estructurada la ciudad de Santiago.

    “Lo que ocurre cada vez que llueve en la Gran Avenida en insostenible. Sus inundaciones son históricas. Todos saben del problema, sin embargo, ningún gobierno ha sido capaz de resolver esta situación. Llegó el momento que el Ministerio de Obras Públicas y la Intendencia de Santiago tomen cartas en el asunto y den una solución definitiva a esta situación”, señaló Melo.

Diputado Godoy denunció filtraciones en viviendas donde fueron trasladados damnificados del incendio de Valparaíso

 Diputado Godoy denunció filtraciones en viviendas donde fueron trasladados damnificados del incendio de Valparaíso

Publicado el 07 de agosto del 2015

El parlamentario emplazó al intendente a hacerse cargo de la realidad de familias que optaron por subsidios en un sitio propio y viviendas nuevas que presentan hoy graves falencias en su construcción.

    Esta mañana, el diputado Joaquín Godoy (IND-Amplitud) reiteró su preocupación por la situación que viven las familias damnificadas por el incendio que afectó a Valparaíso el año pasado y que optaron por reconstruir en un sitio propio o que adquirieron viviendas nuevas fuera de la ciudad, dado que, en ambos casos, los inmuebles manifestaron graves problemas de construcción que se hicieron evidentes con el temporal que afecta a la región.

    “Fueron las primeras lluvias fuertes en Valparaíso y los porteños fueron víctimas de la mala reconstrucción por el incendio. La propia casa piloto que las autoridades se jactaron de mostrar a la ciudadanía como uno de los ejemplos de la reconstrucción terminó inundándose con la familia con baldes para intentar sacar el agua”, informó Joaquín Godoy, refiriéndose a la vivienda de la familia de Jessica Carvajal, ubicada en el Pajonal.

    Respecto a las familias afectadas del Conjunto Habitación Villa El Quillay de Villa Alemana, el parlamentario aseguró que su equipo, desplegado en el lugar, pudo determinar varios problemas.
    “Hemos podido apreciar socavones en sus patios, paredes completamente mojadas y casas totalmente filtradas. Vemos como, lamentablemente, se ha dado lo que dijimos, que este Gobierno había hecho una pésima reconstrucción. Lo estamos viendo día a día”, aseguró el legislador.

    Por lo anterior, el diputado hizo un fuerte emplazamiento al intendente Ricardo Bravo para que se haga cargo "de las promesas que hizo la Presidenta Bachelet" y cumplir con los porteños en darles una solución digna.

    “Hacemos un llamado al intendente para que, de una vez por todas, solucione el problema a las familias; que se acerquen a las familias para ver cuáles son sus necesidades", puntualizó.

Diputados: Solicitan la creación de una Comisión Investigadora ante crisis del agua potable en la Región de Coquimbo

 Solicitan la creación de una Comisión Investigadora ante crisis del agua potable en la Región de Coquimbo

Publicado el 07 de agosto del 2015

Los parlamentarios expresaron que la petición se basa en las múltiples irregularidades cometidas por la empresa sanitaria Aguas del Valle. La última de ellas mantuvo 13 días sin suministro a la comuna de Ovalle.

    Los diputados Miguel Ángel Alvarado (PPD), Matías Walker (DC), Luis Lemus (PS), Sergio Gahona (UDI) y Raúl Saldívar (PS), todos representantes de la Región de Coquimbo, presentaron una solicitud para crear una Comisión Investigadora que establezca responsabilidades ante las múltiples irregularidades cometidas por la empresa sanitaria “Aguas del Valle”.

    Tras la petición, realizada ayer (jueves 6 de agosto), en la Cámara, el diputado Alvarado comentó que “esta es una iniciativa transversal, que busca investigar el accionar de esta empresa concesionaria que, desde el año 2011, ha incurrido en múltiples irregularidades, muchas de ellas sancionadas”.

    En este contexto, el parlamentario recordó el brote de norovirus, ocurrido en 2013, y el último episodio, ocurrido en julio, cuando tras una lluvia que alcanzó sólo 20 mm, casi 100 mil personas de la comuna de Ovalle estuvieron sin suministro de agua potable por 13 días.

    En tanto, el diputado Sergio Gahona expresó la necesidad de “revisar si se ha cumplido con toda la normativa, si se ha fiscalizado oportunamente respecto de todas las responsabilidades que les compete a las Superintendencia de Servicios Sanitarios, al Sernac, al MOP, a Econssa y a las autoridades regionales respecto de cómo ha funcionado el mecanismo de prevención, para evitar estas situaciones de colapso del sistema de agua potable de tres grandes ciudades como lo son La Serena, Coquimbo y Ovalle”.

    Además, dijo que “esto es una cosa completa que, efectivamente, apunta a ver la posibilidad de incluso caducar la concesión de la empresa sanitaria Aguas del Valle”.

    Por su parte, el diputado Raúl Saldívar sostuvo que “todos los aspectos del contrato suscrito con la empresa concesionaria se deben revisar para constatar si se cumplen a cabalidad, porque las quejas y el repudio de la comunidad por el servicio prestado hace pensar que no se están cumpliendo los estándares indispensable en un servicio tan fundamental como es proveer agua a toda una región”.

    Asimismo, el legislador explicó que “lo que busca esta comisión es solicitar que se investigue, rigurosamente, si todas las cláusulas del contrato y los planes de inversión se han cumplido. "Así se podrá verificar si efectivamente la empresa está actuando en forma responsable hacia los vecinos. Creemos que una lluvia de 35 milímetros no puede hacer colapsar todo el sistema y ni siquiera se apliquen planes de contingencia”, concluyó el diputado Saldívar.

Diputados: Piden modificar el estatuto legal de los funcionarios de Tribunales Electorales Regionales

 Piden modificar el estatuto legal de los funcionarios de Tribunales Electorales Regionales

Publicado el 07 de agosto del 2015

La propuesta solicita mejorar la situación laboral de los funcionarios de Tribunales Electorales Regionales, reconociendo sus derechos, modificando la remisión de la escala única de sueldos y propendiendo una mejor situación laboral para ellos.

    Por una unimidad, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó la resolución 352 por la cual se solicita a la Presidenta de la República el envío de un proyecto de ley para modificar la situación laboral de los Tribunales Electorales Regionales, de modo que se reconozca los derechos de los funcionarios que ya han sido adquiridos por medio de los convenios administrativos suscritos con estos tribunales.

    Asimismo, se pide que se modifique la remisión a la escala única de sueldos de la administración pública en cuanto a las remuneraciones, haciéndola equivalente a la del Poder Judicial; y, finalmente, que propenda a mejorar la situación laboral de los funcionarios de los Tribunales Electorales Regionales desmejorada en consideración a otros de igual naturaleza por la remisión al derecho laboral.

    La resolución fue presentada a la Sala el pasado miércoles 6 de mayo por la diputada Alejandra Sepúlveda (IND), junto a los parlamentarios Cristina Girardi (PPD), Diego Paulsen (RN), Víctor Torres (DC), Claudio Arriagada (DC) y Roberto Poblete (IND).

    En el documento, los autores describieron que los funcionarios de los Tribunales Electores arrastran una problemática desde la creación de este organismo en el año 1987, ya que, prácticamente, su ley no ha sido modificada. Indicaron que es urgente adoptar las medidas descritas anteriormente, por cuanto el desarrollo de la sociedad ha hecho que estos tribunales se hagan cada vez más relevantes en la resolución de conflictos electorales.

    Agregaron que, para resolver las problemáticas que aquejan a los funcionarios de los Tribunales Electorales, es necesario que el Estado le otorgue el carácter de definitivo a los derechos adquiridos por estos funcionarios, a través de acuerdos, dándole así la estabilidad que requieren para el desempeño de su función; y que se igualen sus remuneraciones a las que perciben los funcionarios del Poder Judicial, por cuanto no habría un fundamento plausible para contravenir la igualdad ante la ley, siendo que dichos funcionarios cumplen una función de cooperación en la jurisdicción electoral, de la misma manera que los Secretarios y Oficiales Primero y de Sala lo hacen la jurisdicción ordinaria.

Diputados: Solicitan la adopción de medidas a favor de los adultos mayores en materia de vivienda

 Solicitan la adopción de medidas a favor de los adultos mayores en materia de vivienda

Publicado el 07 de agosto del 2015

La iniciativa pide al Ejecutivo acciones de carácter administrativo, financiero y/o legales y la realización de un convenio con el Senama para la entrega de viviendas a adultos que las requieran, dejando a esta identidad pública como responsable de su cuidado y mantención.

    Por votación unánime, fue aprobada en la Sala de la Cámara de Diputados la resolución 353, impulsada por el diputado Diego Paulsen (RN), que solicita a la Presidenta de la República una serie de medidas en favor de los adultos mayores, particulamente en el área de vivienda.

    La resolución fue ingresada a la Cámara de Diputados el pasado jueves 7 de mayo por el diputado Paulsen junto a los parlamentarios René García (RN), René Saffirio (DC), Jaime Pilowsky (DC), Alejandra Sepúlveda (IND), Fernando Meza (PRSD), Jorge Sabag (DC) y Alejandro Santana (RN).

    En el documento, los autores señalaron que la iniciativa busca que se adopten las medidas necesarias para que, en todos los programas de beneficios para la vivienda, la autoridad disponga de hasta un 30% del monto anual del programa respectivo con el propósito de responder a situaciones de vulnerabilidad del sector de la tercera edad, permitiendo la modificación de las exigencias establecidas para la postulación de dicho grupo.

    La iniciativa pide también que se tomen las medidas pertinentes para que en las postulaciones a subsidios de vivienda se catalogue como un factor de puntaje la presencia de un adulto mayor en el grupo familiar.

    Al respecto, los diputados señalaron que, en la actualidad, “nuestro país no cuenta con una política habitacional de Estado con el fin de resguardar que los adultos mayores cuenten con su vivienda”.

    Expresaron que, cuando un adulto mayor postula al Programa Fondo Solidario de elección de vivienda, los factores de puntajes asociados, como por ejemplo el número de integrantes del grupo familiar o la edad de los hijos, dificultan su priorización en la obtención del beneficio.

    Por este motivo, añadieron que “debería ser prioritario en nuestras políticas públicas que los adultos mayores cuenten con una vivienda propia, ya que muchas veces viven de sus pensiones y estas no son suficientes para entregarle una calidad de vida digna”.

Diputados: Comisión de Relaciones Exteriores aprobó el Protocolo adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacifico, suscrito entre Chile, Colombia, México y Perú

 Relaciones Exteriores aprobó en general Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacifico

Publicado el 06 de agosto del 2015

En forma unánime, la Comisión de Relaciones Exteriores aprobó el Protocolo adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacifico, suscrito entre Chile, Colombia, México y Perú.

    Durante la sesión, los diputados que conforman la Comisión de Relaciones Exteriores analizaron en conjunto con el Subsecretario del ramo, Edgardo Riveros, el proyecto de acuerdo relativo al Protocolo (boletín 10205) , que viene a profundizar el proceso de intercambio de bienes y servicios entre los 4 países que integran la Alianza del Pacífico, incluido Chile.

    Al dar comienzo a la instancia legislativa, el Subsecretario de Relaciones Exteriores recordó que el Acuerdo Marco establece gravámenes a los aranceles que hoy día pagan los productos que ingresan a Chile y los productos chilenos que ingresan a los otros 3 países que conforman la Alianza del Pacífico: Colombia, México y Perú.

    En este sentido, indicó que el Protocolo permite avanzar y perfeccionar algunos elementos no contenidos en esos acuerdos bilaterales. “Se hace cargo de la desgravación arancelaria para productos que no están contemplados en acuerdos bilaterales y fija un cronograma para un grupo pequeño de productos que no quedan comprendidos en la desgravación inmediata a nivel de 0%. Creemos que es un paso muy importante que se ha dado con esta aprobación en la comisión y esperamos que en la Sala se de la unanimidad también”.

    Por su parte, el presidente de la instancia, diputado Jorge Sabag (DC) sostuvo que este Protocolo trae a nuestro país una serie de beneficios, puesto que establece un calendario de gravámenes de aquí al año 2025 para todos los productos chilenos que ingresan a la Alianza del Pacífico.

    “Nosotros creemos que esta Alianza ha sido provechosa para nuestro país y, que si bien es cierto, este gravamen va a significar una pérdida de ingresos al inicio, es un Acuerdo ampliamente favorable para Chile, puesto que va a significar mayores ingresos en el largo plazo que hacen que este Protocolo Adicional sea ampliamente favorable a los interese nacionales, por eso creemos que esta Alianza del Pacifico se fortalece con este Protocolo Adicional y, además, nos deja en muy buen pie para la relación con el Asia Pacífico, a la cual esta orientada esta Alianza”, enfatizó.

    En tanto, el diputado Javier Hernández (UDI) pidió al Subsecretario aclarar algunos aspectos técnicos del Protocolo Adicional referentes al ámbito económico de abastecimiento, reglas fitosanitarias y de libre comercio. “Chile no ha enfrentado esto como un globo, porque si van a existir organismos complementarios a los acuerdos, que haya para todos y no solo para los acuerdos que significan una burocracia mayor”.

    Argumentó, además, que si bien “nosotros estamos convencidos de que tenemos que avanzar en este Protocolo adicional, no tenemos la absoluta claridad en lo que respecta a la parte económica, la cual no fue presentada ante la comisión, porque entendemos será revisada en la Comisión de Hacienda”.

    En este aspecto, el parlamentario expresó que el aspecto económico “deja cojeando esta discusión, porque en definitiva no tuvimos todos los antecedentes a la vista, pero sin embargo confiamos en que la Comisión de Hacienda va a lograr consultar, adecuadamente, todos los aspectos que significan este intercambio comercial”, remató.

Diputados: Avanza discusión de proyecto que legisla sobre transparencia del mercado de suelo e incrementos de valor por ampliaciones del límite urbano

 Avanza discusión de proyecto que legisla sobre transparencia del mercado de suelo e incrementos de valor por ampliaciones del límite urbano

Publicado el 06 de agosto del 2015

Los diputados de la Comisión de Vivienda analizaron en conjunto con representantes de la Asociación Chilena de Municipalidades y de la Cámara Chilena de la Construcción, puntos claves del proyecto que incorpora nuevos impuestos al crecimiento de las ciudades, abordando los nuevos terrenos que van a salir del antiguo al nuevo plan regulador y el tratamiento que se le da a los sitios eriazos dentro de la ciudad.

    La Comisión de Vivienda celebró una nueva sesión el pasado miércoles 5, para aclarar aspectos que consideran fundamentales dentro del proyecto que busca legislar sobre transparencia del mercado del suelo e incrementos de valor por ampliaciones del límite urbano (boletín 10163).

    Al respecto, el Presidente de la Comisión de Urbanismo de la Cámara Chilena de la Construcción, Fernando Herrera, señaló que a su juicio el proyecto tiene elementos positivos y negativos. “Todo lo que tiene que ver con transparencia de la tramitación de los instrumentos de planificación de los planes reguladores, nos parece positivo y ojalá haya más transparencia y todos sepamos lo que está pasando”.

    “Nos parece, también, muy importante que la información del suelo público esté a disposición de todos y sepamos donde hay suelo público, porque eso permite hacer mejores desarrollos e integrar mejor esos suelos al desarrollo de las ciudades”, expresó.

    Por otra parte, afirmó estar en desacuerdo con que se apliquen nuevos impuestos al mayor valor en los casos en que se modifiquen los límites urbanos. “Acabamos de hacer una Reforma Tributaria en la cual se han establecido que esos terrenos van a pagar ahora impuestos de primera categoría, y también, se va a corregir una distorsión que existía en el sentido de que no se hacían los reavalúos para efecto del cobro de contribuciones, eso se está corrigiendo en este proyecto de ley y nos parece apropiado, pero dado que recién se han hecho aumentos de impuesto, aplicar nuevos impuestos, la verdad es que creemos que va a producir distorsiones en el mercado inmobiliario y va a generar, además, un mayor costo en las viviendas para los ciudadanos”.

    Impresiones parlamentarias

    Continuando con la sesión, el diputado Joaquín Tuma (PPD) afirmó haber cambiado mucho de parecer con respecto a este proyecto, debido a que “no se puede legislar sobre una situación de emergencia política”, aludiendo al Caso Caval que según aclaró es lo que gatilló esta iniciativa.

    Agregó, además, que los efectos que puede tener este proyecto podrían significar que “salga más caro el remedio que la enfermedad, porque, en definitiva, en el caso de las viviendas sociales vamos a ver encarecidos los terrenos para las viviendas sociales y eso quien lo tendrá que cancelar será, en definitiva, el Estado. Cuando el Estado hace los subsidios se va a ver encarecido porque le van a cobrar un impuesto a este terreno que se va a vender para estos efectos”.

    “Yo había presentado una indicación que no la recoge este proyecto, la cual estipulaba que se exceptuara el impuesto a aquellos terrenos que fueran destinados a las viviendas sociales”, afirmó el parlamentario.

    En tanto, el diputado Iván Norambuena (UDI) añadió que la iniciativa tiene una inspiración que puede ser buena en general, pero “a mí me parece que con estar solucionado problemas de casos particulares como lo es Caval, no vamos a llegar a la solución definitiva y en esto creo que es importantísimo ahondar, porque cuando hay una ampliación del radio urbano que abarca a distintos sectores donde pueden existir propietarios y familias que han vivido por muchos años y que les cambia su situación en cuanto a la plusvalía del terreno, obviamente, van a haber aumentos de costos”.

    Señaló que “aquí no estamos hablando de cuando usted tiene que vender, esa es una segunda etapa, pero cuando usted tiene que pagar contribuciones en base a una tasación, obviamente van a haber dificultades, entonces a la hora de ampliar el rayo urbano debemos fijarnos en no perjudicar a las familias que están en ciertos sectores y que no van a poder enfrentar los gastos a futuro”.

    “Creo que el Ejecutivo va a tener que emitir una opinión, discutirla en la Comisión y ahí veremos si es apropiado o no dar satisfacción en general a la población”, declaró el legislador.

    Sitios eriazos

    Para el diputado Tuma, presionar a los propietarios que tienen terrenos eriazos de las ciudades, va a significar que muchos de ellos van a tener que construir algo “inadecuado” para evitar la sobretasa.

    “Lo que aquí falla es la falta de planificación a largo plazo, todo lo estamos haciendo en corto plazo y la tremenda demora que significa hacer un plan regulador. Hemos visto el ejemplo de Iquique, donde han pasado 23 años y aún no aprueban el plan regulador. Por lo tanto, aquí lo hay que hacer es planificar de mejor manera y a mayor largo plazo”, clarificó.

    Añadió que existe una situación compleja en la planificación del Estado y de los actores públicos para poder diseñar las ciudades y poder enfrentar el desarrollo nacional. “Los diputados hemos quedado muy preocupados de las explicaciones que se han dado durante la sesión, por eso vamos a ver cómo avanza el proyecto”.

    Asimismo, el Presidente de la Comisión de Urbanismo de la Cámara Chilena de la Construcción aseveró que “el aumento a la sobre tasa no es el camino correcto. Nosotros estamos de acuerdo en poner mayores obligaciones a los propietarios de sitios eriazos que se hagan cargo de los efectos que provocan en la ciudad, pero creemos que toda ciudad necesita tener lugares de expansión futura, el poner una sobre tasa obliga a los propietarios a hacer construcciones de menor valor y menor inversión que, probablemente, no es lo que necesita la ciudad en el largo plazo”, recalcó.

Cámara de Diputados aprobó iniciativa que exime de peaje a vehículos de emergencia. Tras su aprobación en general, el proyecto retornó a la Comisión de Obras Públicas para el análisis de indicaciones presentadas

Publicado el 05 de agosto del 2015

El texto, devuelto a comisiones para su análisis en particular, apunta a permitir el libre tránsito de estos vehículos cuando deban cubrir una situación de emergencia. Se incluye en esta categoría a las brigadas forestales de CONAF y de las Fuerzas Armadas.

    Buscando facilitar la labor de los organismos que acuden a combatir catástrofes y emergencias, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que incorpora la obligación de los concesionarios de una ruta de asegurar el tránsito libre y fluido de los vehículos de emergencia cuando deben ir a cumplir con este deber.

    De esta forma, se modifica la Ley de Concesiones de Obras Públicas estableciendo que los vehículos de emergencia (Carabineros de Chile e Investigaciones, Bomberos y ambulancias), estarán exentos del pago de peaje cuando se encuentren cubriendo una situación de tal naturaleza. Se presume que estos vehículos se encuentran atendiendo una situación de emergencia cuando se trasladen con balizas o sirenas encendidas, en el marco de un procedimiento y conforme a las normas institucionales que les permitan utilizar dichos sistemas de alerta y sonido.

    Se agrega que en tal caso, ninguna persona o entidad, bajo circunstancia alguna, podrá impedir u obstaculizar su paso, ni cuestionar el mérito de la emergencia invocada, tratándose especialmente de plazas de peajes.

    El texto indica que la empresa concesionaria que no de cumplimiento a esto será sancionada con multa a beneficio fiscal de entre 1 a 50 UTM, cada vez que se trasgreda la norma. Si la responsabilidad es imputable sólo al operador del peaje, éste sufrirá una multa de entre 1 a 3 UTM por cada vehículo de emergencia cuyo paso se haya visto dificultado.

    El Ministerio de Obras Públicas podrá celebrar los correspondientes convenios complementarios a los contratos de concesión vigentes, incorporando las condiciones contenidas en las presentes modificaciones mediante los mecanismos que la ley de Concesiones de Obras Públicas establece; como, asimismo, incorporar en los futuros contratos estas condiciones.

    Por último, el texto agrega dentro de los vehículos de emergencia establecidos en la Ley de Tránsito a las brigadas forestales de la Corporación Nacional Forestal y de las Fuerzas Armadas.

    Tras su aprobación en general, el proyecto retornó a la Comisión de Obras Públicas para el análisis de indicaciones presentadas. Cabe recordar que esta iniciativa se originó en tres mociones: 9311, 9313 y 9318.

Biblioteca del Congreso Nacional presentó nuevo sistema “Historia de la Ley-Labor Parlamentaria”

 Biblioteca del Congreso Nacional presentó nuevo sistema “Historia de la Ley-Labor Parlamentaria”

Publicado el 05 de agosto del 2015

Estos nuevos productos de la BCN se conciben como sistemas de acceso abierto, gratuito y sin restricciones para toda la ciudadanía.

    La Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BCN) realizó el lanzamiento de los sitios web "Historia de la Ley" y "Labor Parlamentaria" este miércoles 5 de agosto, en su sede Valparaíso. El evento contó con la presencia de los presidentes del Senado Patricio Walker, y la Cámara de Diputados, Marco Antonio Núñez.

    Ambos productos se sustentan en un moderno sistema de procesamiento de la información emanada desde el Poder Legislativo, con el objeto de fomentar la transparencia a través del acceso, uso y reutilización de los datos sobre la base de plataformas abiertas e interoperables, contemplando la posibilidad de compartir información con otros organismos y con la ciudadanía en general.

    El titular de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Núñez, valoró la iniciativa de la BCN. “Este es un esfuerzo institucional muy importante en la Biblioteca del Congreso Nacional, que tiene como deber acumular el conocimiento y la historia fidedigna de la ley, y que con estas plataformas permitirá acceder a todo el proceso de la construcción de la ley, en su contexto social y político, y conocer en detalle toda la labor realizada por cada parlamentario. Estoy convencido que este esfuerzo, que fortalece el rol de la BCN, nos va a colaborar para recobrar la confianza de la ciudadanía, poniendo a su disposición, de forma gratuita y atractiva, toda la información acumulada en torno a nuestro trabajo legislativo”, aseguró.

    Por su parte, el Presidente del Senado manifestó que "es un gran paso que permite contar, por primera vez, con toda la información de manera estructurada y actualizada en una misma plataforma y que, sin duda, constituirá una nueva forma de acercar el Congreso a la sociedad en su conjunto, que muchas veces por la dificultad del acceso a la misma desconoce el rol y las tareas que desarrollan sus propios parlamentarios”.


    En tanto, el director de la Biblioteca del Congreso Nacional, Alfonso Pérez Guíñez, manifestó que los sitios web “Historia de la Ley” y “Labor Parlamentaria”, se constituyen como “un modelo de trabajo que representa un verdadero cambio de paradigma en el procesamiento de la información generada por el Congreso Nacional, sobre todo si lo comparamos con la época en que los diarios de sesiones se trabajaban en formato físico, pero también respecto al momento en que éstos pasaron a ser documentos digitales, ya que aún así se trataba de contenidos fijos, sin la posibilidad de generar subproductos de información o extraer información en formatos reutilizables, como sí lo permite a partir de hoy este sistema”.

    Las innovadoras características de ambos sistemas

    Historia de la Ley (www.bcn.cl/historiadelaley) entrega acceso en línea a la recopilación automatizada de toda la actividad desarrollada en el Congreso asociada a una ley en particular, permitiendo rescatar todas las modificaciones, versiones y debates en torno a un proyecto, desde que ingresa a tramitación legislativa hasta que finalmente es publicado como Ley de la República en el Diario Oficial.

    Por su parte, Labor Parlamentaria (www.bcn.cl/laborparlamentaria) permite acceder en línea a la recopilación automatizada de toda la actividad legislativa, fiscalizadora y de representación realizada por un parlamentario a lo largo de su carrera como tal, y que haya sido registrada en algún medio impreso perteneciente al Poder Legislativo, tal como un diario de sesión parlamentaria, un informe de comisión, un oficio u otro documento.

    Ambos sistemas permiten obtener -gracias al marcaje de los documentos generados en el Congreso Nacional y el ingreso de metadata especializada- dossiers hechos a medida de las necesidades de los usuarios, y los estándares utilizados por la BCN permitirán agregar valor a los datos producidos y procesados por ambas cámaras, fomentando la vinculación entre el Congreso Nacional y de éste con la sociedad, a través del acceso a la información.

    Toda la información que se procesa en ambos sitios se condice con los más altos estándares tecnológicos que actualmente se utilizan para el tratamiento de la información jurídico legislativa. Los datos se entregan en formato XML Legislativo, sistema que permite contar con diversas virtudes como la trazabilidad, reutilización e interoperabilidad con público nacional y comunidades internacionales.

Diputados: Congreso aprueba feriado regional para Tarapacá este 10 de agosto por fiesta de San Lorenzo

 Congreso aprueba feriado regional para Tarapacá este 10 de agosto por fiesta de San Lorenzo

Publicado el 05 de agosto del 2015

Con la aprobación de la Cámara culmina en el Congreso la tramitación de esta iniciativa que permitirá que este año sea feriado para la celebración de esta festividad, que congrega alrededor de 8 mil personas en torno a la figura de san Lorenzo

    Con 97 votos a favor y 4 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó las modificaciones del Senado al proyecto (boletín 9677) que declara feriado el día 10 de agosto - solo para la Región de Tarapacá- con motivo de la fiesta religiosa de San Lorenzo.

    El Senado modificó la iniciativa, estableciendo que sea feriado solamente este 2015, a la espera de un marco legal que regule la aplicación de feriados regionales.

    El texto se originó en una moción presentada por los diputados Hugo Gutiérrez (PC), Lautaro Carmona (PC), Felipe Letelier (PPD), Roberto Poblete (Ind), Luis Rocafull (PS), Alberto Robles (PRSD), Eugenio Tuma (PPD) y Raúl Saldívar (PS).

    San Lorenzo, apodado “el Lolo” por sus fieles, fue un diácono del siglo III muy querido y popular entre los más desposeídos de su tiempo. Administrador de las riquezas de la iglesia católica romana, se negó a entregarlas al emperador Valeriano, lo que le trajo como consecuencia la enemistad y el celo de la autoridad romana, siendo condenado a morir en la hoguera el 10 de agosto del año 258 d.c.

    Los legisladores explican que "la Fiesta de San Lorenzo de Tarapacá se realiza en la localidad del mismo nombre, comuna de Huara, y constituye una práctica cultural profundamente arraigada en los habitantes de la Región de Tarapacá. Es la segunda fiesta religiosa más importante de la región. La mayoría de los peregrinos, aproximadamente unos 100.000 por año, arriban el día 10 de agosto para venerar al Santo Patrono y participar de la misa solemne a las 10.30 horas. A las 16.00 horas se da inicio a la procesión de San Lorenzo por las calles del pueblo, mientras que la festividad continúa hasta las 00:00 hrs. del día siguiente.

    La explosiva llegada de visitantes y devotos de San Lorenzo obliga al despliegue de autoridades y servicios básicos a fin de garantizar el normal desplazamiento de personas por el lugar y la atención de posibles emergencias. También es una oportunidad económica para trabajadores por cuenta propia, los que ofrecen servicios y bienes necesarios para un buen desarrollo de la festividad religiosa.

    Los autores de la moción señalan que, en los últimos años, se ha experimentado un aumento considerable de la concurrencia de fieles, lo que ha significado que numerosos habitantes de dicha región deban programar permisos y suspender labores en sus trabajos y en escuelas para poder participar en esta expresión de la religiosidad regional.

    Con la aprobación de la Cámara culmina la tramitación de esta iniciativa en el Congreso, faltando sólo que el Ejecutivo realice el proceso de promulgación de esta ley.