Piden en la Cámara de Diputados que nueva ley de tarificación del gas se restrinja a los lineamientos de las normas de la Libre Competencia

Publicado el 08 de mayo del 2015

El presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia sostuvo ante la Comisión de Minería y Energía de la Cámara que necesariamente debe efectuarse un análisis de competencia antes de determinar una regulación tarifaria. Tomás Menchaca afirmó que en una economía de mercado como la chilena, la regla general es la libertad de precios y sólo en virtud de ley y cuando se está en presencia de una empresa con gran poder de mercado del que pueda abusar, se pueden regular tarifas.

    Como una iniciativa necesaria para completar algunos vacíos legales que tiene la actual ley, calificó el presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), Tomás Menchaca, la propuesta legal del Ejecutivo (boletín 9890) que define un nuevo sistema de tarificación de los servicios de gas, sin embargo, llamó a introducir importantes cambios al proyecto de modo de ajustarlo a los lineamientos de las normas de la Libre Competencia.

    Ante la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, Tomás Menchaca reconoció que la normativa vigente hace prácticamente imposible la tarificación, dado que no están fijados los mecanismos para determinar rentabilidad. Pero criticó que se dejara fuera la participación inicial del TDLC para determinar si las condiciones de competencia hacían necesaria la tarificación una vez que se hubiere superado los niveles de rentabilidad que establece la ley.

    Planteó que todas las empresas, aun en los mercados competitivos, luchan por obtener mayores rentabilidades, por lo que el problema no estaría dado en este punto, sino el origen de las mismas. Indicó que, por ejemplo, si las mayores rentabilidades se logran a través de mejoras tecnológicas, reducciones de costos que permitan cobrar precios más bajos o por la vía de prestar mejores servicios a los consumidores, eso no sólo no es condenable, sino que es lo que caracteriza a una economía de mercado.

    "Por ello, estimo que necesariamente debe efectuarse un análisis de competencia antes de determinar una regulación tarifaria, pues en una economía de mercado como la nuestra la regla general es la libertad de precios y sólo en virtud de ley, y cuando estamos en presencia de una empresa con gran poder de mercado del que pueda abusar, se pueden regular tarifas", sentenció.

    Señaló que, en general las alternativas para que la ley establezca la regulación tarifaria son sólo dos: 1. En caso de monopolios naturales con gran poder de mercado, en que no podrán haber condiciones de competencia (por ejemplo, cargo de interconexión en telecomunicaciones, servicios sanitarios, distribución de energía eléctrica, etc.).
    2. Cuando no necesariamente se requerirá la regulación, esta dependerá de un análisis previo de competencia, el que en muchos casos se encomienda por el legislador al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (ej. servicios de telecomunicaciones, servicios asociados a distribución de energía eléctrica, gas natural, etc.).

    "En ningún caso ello debe gatillarse exclusivamente por el hecho de que una empresa logre una determinada rentabilidad, pues el deseo de ganancia del empresario es precisamente lo que lo lleva a asumir riesgos y emprender y por ello no puede condenarse la ganancia por el sólo hecho de existir", apeló.

    Tomás Menchaca recordó que la única oportunidad en que se solicitó al TDLC un pronunciamiento en este ámbito correspondió a un proceso iniciado por la municipalidad de Maipú, el cual fue rechazado por estimarse que, atendidos los vacíos legales de la Ley de Servicios de Gas, no era posible determinar legalmente la rentabilidad económica de Metrogas para los años 2012 y 2013 y, por consiguiente, tampoco era posible establecer si dicha empresa había superado o no el umbral de rentabilidad establecido en los artículos 31° y 32° de dicha ley.

    Consideró que, independientemente de lo que se establezca en definitiva el legislador, es más adecuado que se aplique el mismo régimen de recursos a los diversos informes que debe dictar el Tribunal en virtud de leyes especiales. "En mi opinión lo más razonable sería que el régimen de recursos que en general se establezca a su respecto sea el de un recurso de ilegalidad para ante la Excma. Corte Suprema, a fin de evitar, por una parte, conferir atribuciones de orden administrativo y no jurisdiccionales a dicha Excma. Corte y, por la otra, establecer un control de legalidad a la actuación del Tribunal en estas materias, considerando que se trata de una atribución que no tiene el carácter de propiamente jurisdiccional", evaluó.

    Reacciones

    El Presidente de la Comisión, diputado Luis Lemus (PS), recordó que la instancia recién está iniciando la discusión del proyecto cuyo objetivo es buscar que efectivamente haya un procedimiento para tarificar dado que hoy no se cumplen los elementos necesarios para ello.

    El legislador se mostró partidario de generar una institucionalidad fuerte y, en ese plano, entregarle al TDLC las herramientas necesarias para cumplir con su tarea de velar por el cumplimiento de la Ley de Libre Competencia y conformar, tal como lo plantea el proyecto, un Comité de Expertos que promueva las bases de un sistema de tarificación.

    Dijo compartir el criterio del Ejecutivo de incorporar los servicios de gas en un sistema de tarificación. Pensamos que el gas en la matriz energética en Chile es importante pero no está bien regulada. Hay cosas que hay que explicarlas y la próxima semana vamos a analizar cómo se construye el tema de la tarificación. Sinceramente, esperamos que se de respuesta a algunas cosas. El gas es barato afuera, pero en Chile no, entonces creemos que hay una cadena importante de explicaciones y por otro lado cómo permitir la competencia", puntualizó.

    El diputado Sergio Gahona (UDI) coincidió en que hoy existen vacíos legales en el mercado del gas que impide que se pueda expandir a más regiones, pero llamó la atención que el proyecto del Ejecutivo pretende generar una regulación en función de una compañía que está sobrepasando el límite de rentabilidad y con eso colocando cortapisas para que el negocio sea sustentable para el resto de las compañías.

    Dijo que le interesa que el gas de ciudad no sólo esté con posibilidades de uso en los sectores ABC1, en los sectores altos de la Región Metropolitana, sino que también llegue a ciudades como Coquimbo, La Serena o Antofagasta, que tienen el derecho de contar con gas de ciudad o gas natural. "Creo que este proyecto de ley es una buena iniciativa, pero tiene una serie de dificultades que hay que corregir para evitar el desincentivo a la inversión en el resto del país, así que hay que revisarlo", comentó.

    Indicó que tampoco le gusta que se saque al TDLC para la resolución de los conflictos, en términos de poder determinar si una compañía está o no excediendo la rentabilidad y estimó relevante conocer con precisión cómo se calculan las rentabilidades que debieran tener estas compañías de distribución de gas natural.

    "Es por ello que nos parece interesante que académicos, economistas, especialistas o incluso quienes hayan creado el sistema nos vengan a explicar claramente cómo se calcula el costo capital de las empresas, cómo se incluye el riesgo, cómo se recupera la inversión y cuánto debieran ganar estas empresas, porque si bien no es un monopolio, pero sí podría constituirse en un mercado con grandes dominantes y disminuir la competencia. Creo que es relevante que este mercado del gas sea competitivo, pero también atractivo para que puedan ir a las regiones", agregó.