En el marco del Convenio de colaboración suscrito con la Cámara de Diputados, la contralora subrogante, Patricia Arriagada, entregó un reporte de las principales auditorías realizadas y sus resultados durante el año 2014.
El convenio suscrito entre ambas entidades estipula que el Contralor General entregará a la Cámara un reporte, cuantitativo y cualitativo sobre los principales hallazgos que surjan de los informes de auditoría realizados el año precedente, y las principales observaciones, de alta complejidad, que hayan sido subsanadas por las entidades de la Administración que se encuentran sujetas a la Fiscalización de la Contraloría.
Resultados 2014
- 942 entidades fiscalizadas, correspondientes al 31,1% del universo.
- 665 auditorías finalizadas, que originaron un total de
15.829 observaciones, de las cuales 1.716 corresponden a observaciones
de alta complejidad, equivalentes a un 11% del total.
- 455 investigaciones especiales finalizadas.
- 2.881 referencias de auditoría finalizadas.
- 898 seguimientos efectuados, sobre un universo de
11.439 observaciones, verificando la subsanación de 5.533 de ellas,
equivalentes a un 48% del total.
En particular, en lo referido a las auditorías de Alta Complejidad, estas corresponden a observaciones que de acuerdo a su magnitud, reiteración, detrimento patrimonial, eventuales responsabilidades funcionarias, son consideradas de especial relevancia por la Contraloría General.
En ese contexto, la contralora subrogante, Patricia Arriagada, rindió ese reporte ante la Sala de la Cámara de Diputados detallando las cifras de auditorías efectuadas durante el año 2014, separadas por sectores de la administración de gobierno y municipal, donde un aspecto reiterado es la falta de rendición de fondos.
Educación
En materia de Subvención Escolar Preferencial, se constató que 140 sostenedores no presentaron las rendiciones correspondientes a las transferencias del SEP en el periodo 2013, por un monto total de $5.431.863.760, así como sostenedores que emplean los fondos para financiar gastos que no dicen relación con los fines del programa, por un total de $375.159.774.
Además, multas no cobradas por la Subsecretaría de Educación, por concepto de subvención de escolaridad, por $28.517.556.
Sobre Liceos Bicentenario, se evidenciaron incumplimientos en los requisitos para el reconocimiento oficial de dichos establecimientos, plazos, omisión de actos administrativos y falta de certificados y títulos en expedientes, así como de pólizas de seguros y garantías de los sostenedores de colegios.
Tampoco existe documentación de respaldo que acredite las transferencias realizadas en relación a inversión en infraestructura a Liceos Bicentenario de Excelencia, por $816.958.762.
En la Junta Nacional de Jardines Infantiles, se registraron diferencias por licencias médicas no cobradas por $1.398.004.729, y ausencia de un sistema adecuado de control de licencias médicas y de cobranza de las mismas.
El informe en educación, relacionado con las obligaciones de la Agencia de Calidad de la Educación, indica que no se han aplicado las pruebas SIMCE en la educación de adultos, pese a la normativa que así lo exige.
Interior
En materia de Gobiernos Regionales, se registraron recursos transferidos con cargo al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) pendientes de rendición, donde sobresale el GORE de Valparaíso con $2.233.780.870 pendientes, seguido del GORE de Los Lagos con $597.983.235.
Además, el Gobierno Regional de Valparaíso, de los 363 proyectos sometidos a su consideración, el CORE evaluó técnicamente 158, porque solo cumplía dicho trámite respecto de aquellos que contaran con el “patrocinio” de algún consejero regional, de acuerdo a un sistema de cuotas, distribuidas entre los consejeros y el Intendente, evidenciando una distorsión de las funciones establecidas en la ley N° 19.175, que señala que le corresponde al Consejo Regional resolver sobre la base de las propuestas formuladas por el Intendente, sin que le competa efectuar proposiciones, patrocinar o priorizar los proyectos para su selección.
Asimismo, se registraron pagos improcedentes en distintas regiones del país, por asistencia de los consejeros regionales a las sesiones de consejo, por un monto total de $84.462.889
En relación a la atención de catástrofes y pese a la condición del país, la Contraloría estima que existe poca cultura en esta materia. La contralora señala que si bien por la inmediatez y urgencia se hacen más laxos los requisitos, eso no implica que no deba existir preocupación por el tema. En ese sentido, la Contraloría detectó una falta de control y acreditación de los servicios efectivamente prestados, cuyos precios cobrados, además, no se ajustaron a las cotizaciones entregadas, por la suma total de $1.843.263.847. Adicionalmente, se verificó la falta de acciones de fiscalización y de planes para prevenir y enfrentar incendios por la Municipalidad de Valparaíso, además de la carencia de recursos dispuestos para esa finalidad.
Asimismo, diversas irregularidades en la Región de Tarapacá, por la falta de documentación de respaldo para la entrega del beneficio "Apoyo al arriendo y servicios básicos”, la falta de acreditación de la condición de arrendatario para optar a beneficios y la duplicidad de pago por grupo familiar.
Justicia
En el área dependiente del Ministerio de Justicia, Contraloría detectó falta de supervisión en el Servicio Nacional de Menores, respecto de la ley 20.032, que establece un sistema de atención a la niñez y a la adolescencia por Intermedio de la red de colaboradores del SENAME y su régimen de subvención.
En materias de personal, se constató una falta de profesionales, incumplimiento de requisitos académicos del personal de los organismos colaboradores, falta de certificados de antecedentes que permita acreditar que el personal que trabaja en los centros no se encuentre procesado o formalizado por crimen o simple delito.
En cuanto a infraestructura y equipamiento, se evidencian incumplimientos respecto de la cantidad de dormitorios requeridos y diferenciados por sexo, deficientes condiciones sanitarias y de infraestructura en dormitorios, espacios comunes, cocina y bodega de alimentos.
Bienes Nacionales
El año 2014 se constataron un total de 3.802 ocupaciones ilegales en el borde costero de la Región de Atacama, principalmente en la comuna de Caldera, de las cuales 123 casos corresponden a funcionarios públicos.
En Antofagasta se constató 147 registros de deudores morosos por concepto de ventas de inmuebles a plazo, equivalentes a $ 2.642.438.217, advirtiéndose la falta de procedimientos de cobro para recuperar lo adeudado a un total de 109 deudores.
Trabajo
El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, respecto de la reliquidación del Subsidio al Empleo Joven correspondiente a los años 2009, 2010 y 2011, no se reintegraron fondos por un total de $2.074.728.692, por aquellos beneficiarios que obtuvieron pagos provisorios mensuales mayores al pago anual.
Salud
Se detectaron diversas deficiencias en la lista histórica de las prestaciones no GES en los Hospitales Barros Luco, Félix Bulnes, Del Salvador, San Borja, Roberto del Río y Sótero del Río, como prestaciones sin respaldos en ficha clínica, médicos sin certificados de especialidad, pacientes fallecidos no egresados del registro de Listas de espera y extravío de expedientes.
La Subsecretaría de Salud, en tanto, registró un 53% de las contrataciones a honorarios ($57.648.040) como bienes y servicios y no como servicios de personal, con la consiguiente distorsión presupuestaria.
Deportes
Se constató la falta de documentos que respalden los gastos del Instituto Nacional de Deportes en el convenio con la ASO Chile S.A (Rally Dakar), por un total de $1.232.614.298.
También se registraron contratos de obras sin contar con cauciones o fueron extendidas por montos y/o plazos inferiores a los establecidos en las bases, en el Instituto Nacional de Deportes con ocasión del desarrollo de obras en el marco de los “X Juegos Suramericanos 2014”.
El IND de la VI Región no veló por la vigencia de las boletas de garantía asociadas al proyecto “Normalización Estadio el Teniente de Rancagua”, cuyo valor asciende a $94.620.724.
Sector Municipal
En la fiscalización del Sector Municipal, la contralora subrogante destacó que parte importante de esta se abocó al Programa de Integración Escolar, donde hubo pago de gastos improcedentes por $926.158.063, así como gastos insuficientemente acreditados por $377.694.019.
Además, se señala que un total de $71.025.430.549, equivalente al 81% de los gastos ejecutados, fueron destinados a 2 de las 4 categorías establecidas por el decreto N° 170, que regula este programa, no cumpliéndose por tanto su objetivo.
En materia previsional, la Contraloría indicó que es un tema recurrente el uso de estos fondos en otros fines. Así, la Corporación Municipal de Valparaíso registra una falta de pago de cotizaciones, por una cifra superior a los $11.676.059.341; mientras la Municipalidad de Los Andes utilizó parte de los $413.000.000 destinados a pagos de cotizaciones previsionales en fines distintos a los establecidos.
También se observa que la Municipalidad de San Francisco de Mostazal realizó pagos improcedentes en la concesión por recambio de luminarias, por un total de $187.365.817, pese al incumplimiento contractual y falta de cobro de indemnizaciones pactadas.
En la Municipalidad de Maipú se observó la prestación del edificio para publicidad permanente en favor de institución bancaria a cambio de $75.000.000 y la inexistencia de gestiones de cobranza a clientes morosos por suministro de agua y alcantarillado por $756.830.447.
Por último, la Municipalidad de Lota registró pagos atrasados de cotizaciones previsionales generando intereses, recargos y gastos de cobranza prejudiciales por $ 70.175.103.
En materia de falta de control, la Región de Valparaíso presenta una diferencia consolidada de $1.027.331.283, entre los balances presentados a la Contraloría y los registros auxiliares respectivos, en 21 municipios de la región.
En materia de probidad, se señala que la Municipalidad de Pozo Almonte registró doble contratación de personal en la Municipalidad y en la Corporación de Desarrollo Social de la entidad edilicia, mientras que en la Municipalidad de Huara hubo falta de abstención en procesos licitatorios donde participaban familiares.
En cuanto a irregularidades en Compras Públicas, la Municipalidad de Linares registra el financiamiento de un programa denominado “gira técnica a Brasil” dirigido específicamente a un grupo de funcionarios, con ocasión de la Copa Mundial de Fútbol 2014.
En observaciones a infraestructura, el informe del ente contralor señala que la Municipalidad de Peñalolén registró modificaciones de obras equivalentes a $596.207.596, carentes de sustento técnico y normativo, en el proyecto "Construcción Velódromo ODESUR Parque Peñalolén.
Además, modificaciones no autorizadas, equivalentes a $52.111.679, en el contrato “Conservación Aeródromo de Zapahuira”, comuna de Putre; falta de control y supervisión del cumplimiento de contratos de consultorías y obras civiles, en el proyecto “Construcción Puente Cau-Cau”; en el Servicio de Salud Metropolitano Central el pago de partidas no ejecutadas equivalentes a $111.728.988, en el proyecto “Habilitación del Servicio de Siquiatría Adulto, Infantil y Neurosiquiatría Infantil del Hospital Clínico San Borja Arriarán” y en la Municipalidad de Los Vilos, deficiencias constructivas en partidas de obras realizadas por el municipio, cuyo valor asciende a $443.977.585.
Finalmente, se señala que la Municipalidad de Las Condes utilizó sistemas de adquisición improcedente en diversas obras de construcción en inmuebles de propiedad municipal y bienes nacionales de uso público de la comuna, sin especificar cuáles, bajo la modalidad de serie de precios unitarios, indefinición que impide la ponderación de criterios técnicos y económicos, así como evaluar y escoger la propuesta más ventajosa. El contrato respectivo generó pagos durante el año 2013, por la suma de $278.815.002.
Concluida la entrega de este reporte, se informó que los parlamentarios que tengan alguna observación al mismo, deberán remitirlas por escrito a la Mesa de la Cámara para hacerlas llegar al ente fiscalizador.
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