Publicado el 14 de mayo del 2015
La instancia les permitió a los diputados conocer la realidad que viven los jóvenes en la región, para así plantear nuevas materias en torno a la integración laboral de personas con capacidades diferentes.
Durante la reunión, el obispo por la ciudad de Concepción, monseñor Fernando Chomalí, expuso ante la Comisión de Desarrollo Social, la finalidad del proyecto llamado "Lavandería 21", el cual fue creado como una fundación sin fines de lucro, financiada en sus inicios con ayuda de empresas privadas, y que marcó la pauta en inclusión, al brindar una oportunidad laboral a jóvenes con síndrome de down.
La particularidad de esta lavandería industrial, tal como lo señaló el obispo, es que toda la producción es realizada por jóvenes con síndrome de down, desde la selección de la ropa, pasando por el lavado, secado y posterior entrega y distribución.
“Hoy venimos a decirle a la Comisión que es posible realizar proyectos sociales desde el ámbito académico, y que el Estado puede colaborar en ello para sacar adelante todas las iniciativas”
En este contexto, el obispo hizo un llamado a generar políticas públicas, con el fin de que todas las personas puedan acceder a ese tipo de proyectos de manera más fácil. Recalcó también que esta iniciativa es el primer paso, porque el segundo es que “todas las empresas tengan la capacidad de entender el significado de tener el síndrome de Down, y conocer las habilidades que estos tienen”.
Por su parte, la diputada Clemira Pacheco (PS), indicó que “nosotros en las comisiones discutimos solo lo que está en la teoría, entonces vamos haciendo leyes muy alejadas de lo que es la realidad, y esto que plantea el obispo es algo muy posible de realizar a nivel nacional”.
Asimismo, argumentó que este tipo de proyectos deberían ser integrados en los diferentes programas de presupuesto que se analizan en los ministerios, con el fin de dar un paso más en esta materia. Afirmó también, que después de escuchar al obispo, la comisión pudo darse cuenta de que los instrumentos que tiene el Estado no son colaboradores para este tipo de actividades.
Finalmente, la diputada por la región del Bío Bío, hizo un llamado al nuevo Ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, a comprometerse en impulsar nuevos instrumentos de apoyo a este tipo de iniciativas, para que se logren ampliar los giros de algunos programas, y hacer esfuerzos económicos entre lo público y lo privado, además de potenciar este tipo de iniciativas donde se encuentran incluidos los jóvenes con capacidades diferentes.
Proyecto que modifica la Ley 20.422
Antes de la finalizar la sesión, los parlamentarios aprobaron en general, por decisión unánime, el proyecto (boletín 8742) iniciado en moción, de las diputadas Andrea Molina (UDI) y Alejandra Sepúlveda (Ind), junto a los parlamentarios Fuad Chahin (DC), Romilio Gutiérrez (UDI), Jorge Sabag (DC), Patricio Vallespín (DC) y Matías Walker (DC), y de los ex diputados Carolina Goic (DC), Enrique Accorsi (PPD) y Roberto Delmastro (IND), que modifica la Ley 20.422, estableciendo que las instituciones de educación superior deben contar con un sistema de admisión, permanencia y progreso para personas con discapacidad.
Los legisladores acordaron que en la próxima sesión fijaran los plazos para hacer las indicaciones y comenzar la votación en particular de esta iniciativa.
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