Diputados piden bonificación especial para todos los funcionarios públicos y municipales de la Región de Atacama

 Diputados piden bonificación especial para todos los funcionarios públicos y municipales de la Región de Atacama

Publicado el 30 de junio del 2015

Los legisladores señalan que la Ley 20.815, sobre bonificación especial para funcionarios de la Región de Atacama, dejó fuera a un gran número de trabajadores del sector de educación y municipal.

    Por 97 votos a favor y 7 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de resolución N° 326, que solicita a la Presidenta de la Repúblca el envío de una iniciativa legal para pagar una bonificación especial a los funcionarios con contrato vigente al 1 de enero de 2015, contratados acorde a la normativa del Código del Trabajo y que se desempeñen en los departamentos de administración de educación municipal, cementerios municipales y jardines infantiles VTF de la Región de Atacama.

    Adicionalmente, el texto solicita a la Presidenta de la República que, a través del Ministerio de Hacienda y de la Dirección de Presupuestos, establezca que el pago de este beneficio sea retroactivo para aquellos trabajadores del sector público que fueron excluidos por la Ley N° 20.815 y que serán incorporados en la nueva ley que enviará el Ejecutivo.

    La iniciativa fue presentada por los diputados UDI Felipe Ward, Marisol Turres, Renzo Trisotti, Javier Hernández y Enrique Van Rysselberghe, quienes eplican que en febrero de 2015 se promulgó la Ley N° 20.815, que otorgaba una bonificación especial a funcionarios públicos de Atacama. De acuerdo a los parlamentarios, se entendía que este beneficio "alcanzaba a la totalidad del sector público y municipal, situación que no se concretó de dicha manera, excluyendo a un importante número de personas".

    Añaden que la ley dejó fuera a un gran número de trabajadores del sector de educación y municipal, "estableciendo así una discriminación injusta y sin fundamento".

    Al respecto, los legisladores subrayan que "resulta de toda lógica y justicia que este beneficio alcance a todos los trabajadores del sector público y municipal, pues los criterios en que se basó el legislador para establecer la bonificación señalada son los mismos para todo este segmento de personas y su distinción no obedece más que a una discriminación que contraría la base de nuestra Constitución Política y los principios en los que se basa nuestro ordenamiento jurídico".