Estudio CEP: Vittorio Corbo: El momento económico, Julio 2015

Vittorio Corbo: El momento económico, Julio 2015 "La economía chilena sigue desacelerándose, con un crecimiento acotado de la actividad, en medio de un alza de la inflación y del desempleo, y con un sector externo que no repunta. Esta dinámica se enmarca en una caída importante de las expectativas de los agentes, especialmente los consumidores, en la que la preocupación respecto al diseño e implementación de las reformas impulsadas por el Ejecutivo continúan afectando la certidumbre y las expectativas laborales; así como también, por el lado de los empresarios, el clima de negocios. Como consecuencia, la inversión exhibe una caída sistemática, no obstante se destaca la renovada preocupación por el crecimiento y el sinceramiento de las cifras fiscales por parte de las autoridades económicas."

Lea este documento aquí Fuente: Centro de Estudios Públicos, CEP

UN GRAN SEMESTRE PARA VIÑA DEL MAR DESTACA LA ALCALDESA VIRGINIA REGINATO

"Estamos próximos a terminar la primera mitad del año, un primer semestre que nos deja grandes logros para Viña del Mar. Destaquemos, en primer lugar, la mantención de la sede del Casino Municipal en la ciudad, ya que se aprobó en el Parlamento la modificación a la Ley que amenazaba con su término. Con eso, podemos tener la certeza que seguiremos contando con los recursos que aporta el Casino y con ellos, el financiamiento  apropiado a las necesidades de mantención de la ciudad, de inversión en infraestructura y de ayuda social en  la comuna.

Luego debemos destacar también la construcción del nuevo y moderno Estadio Municipal Sausalito, el que nos ha permitido ser una excelente sede de la Copa América y nos permitirá cobijar también, en el segundo semestre, el Campeonato Mundial de Fútbol Sub 17, así como volver a su casa a Everton, el equipo representativo de la ciudad. En materia de cultura, en este semestre hemos avanzado a pasos seguros y decididos en la reconstrucción del Palacio Rioja y comprometimos el financiamiento para la del Palacio Vergara y del Teatro Municipal, tres de los inmuebles patrimoniales de Viña del Mar que fueron seriamente dañados por el último terremoto que azotó la zona.

Y suma y sigue. En este semestre se iniciaron los procesos de repavimentación integral de importantes arterias, como la Avenida Gregorio Marañón, la calle central de Gómez Carreño y de la Población Alejandro Navarrete, la calle Traslaviña desde Arlegui hasta Viana y la Avenida Libertad en Villa Dulce, cada uno de estos proyectos actualmente en distinta fase de la licitación o de las faenas ya adjudicadas; entregamos remodeladas las Plazas Sucre y Parroquia y reabrimos al tránsito las calles que las circundan; y se han podido reparar algunas veredas que lo necesitaban con urgencia, como las de calle Von Schroeders y las de 14 Norte entre San Martín y Libertad. Digamos, finalmente, que durante este primer semestre hemos iniciado también el proceso de licitación para la remodelación de la Avenida Perú, en su primera etapa.

He destacado estos logros porque me parecen muy importantes, trascedentes para Viña del Mar, ya que aportarán en beneficio de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad por muchos años y en todos ellos el Municipio ha contribuido de manera significativa, ya sea  mediante la inversión de recursos, la gestión, o ambos. Viña del Mar debe estar contenta  al finalizar la primera mitad del año, porque sin lugar a dudas que como ciudad  podemos exhibir grandes objetivos alcanzados en este primer semestre".  

PARO DOCENTE: CARTA DE UNA PROFESORA 24/7

OPINIÓN .

PARO DOCENTE: CARTA DE UNA PROFESORA 24/7   .

Expreso la pena que siento al ver cómo miles profesores alzan la voz para conseguir que el Gobierno los escuche.

Pena da también escuchar por enésima vez en los medios que los profesores están en paro porque no  quieren ser evaluados.

Conozco desde cerca a profesores del sector municipal que cada cuatro años se someten a la evaluación docente y otro número no menor de profesores subvencionados que voluntariamente han decidido  evaluarse.

El profesor quiere vida familiar, el profesor quiere realizar su trabajo en el lugar que le corresponde: la escuela.

Soy profesora hace ya 11 años y siempre por cumplir y ser responsable termino trabajando en casa  hasta altas horas de la noche, para entregar planificaciones, guías y pruebas corregidas.

Ahí está el porqué del paro docente.

Paula León Yañez

Fuente: Diario Las Últimas Noticias, martes 16 de junio de 2015, pp 59

“Fast track” para Atacama. Por Baldo Prokurica, senador por la Región de Atacama

OPINIÓN

“Fast track” para Atacama.

Por Baldo Prokurica, senador por la Región de Atacama

Publicado el: 12/06/2015

Nuestra Región de Atacama ha vivido momentos muy duros los últimos meses, tras el frente de mal tiempo y aluvión que a fines de marzo pasado afectó a gran parte de las ciudades que la componen, principalmente en el caso de las comunas de Copiapó, Alto del Carmen, Tierra Amarilla, Chañaral y Diego de Almagro,  generando no sólo un alto costo y grado de destrucción en materia de infraestructura y viviendas, sino que también lamentablemente la pérdidas de vidas humanas.  

A modo de ejemplo, el 65% de la capacidad productiva de nuestra región fue afectada por esta tragedia, mientras que en el caso de la agricultura un porcentaje muy alto de los sistemas de riego resultaron gravemente dañados, tanto en el Valle de Copiapó, como en el Valle del Huasco.  Sin embargo, creo que el período post tragedia puede ser aún más duro principalmente en materia de generación de empleo y crecimiento, lo que posiblemente afectará el desarrollo y aumentará los niveles de cesantía en Atacama. 

En este sentido creo que debemos adelantarnos a una agudización de la crisis que hoy nos afecta tras la catástrofe, e impulsar una reactivación de la zona, a través de lo que he denominado: “Fast Track para Atacama… Un Proyecto por Provincia –Huasco, Copiapó y Chañaral-”, cuyo objetivo principal es impulsar junto al gobierno regional, organismos del Estado e inversionistas, alguno de los múltiples proyectos que hoy están en carpeta o se encuentran paralizados, para generar así dinamismo y nuevas fuentes de empleo que hoy son tan necesarios para nuestra región.

Estos proyectos paralizados en nuestra región, deberán cumplir con la legislación vigente y se les entregarán las condiciones para que puedan iniciar sus operaciones, generando así un esfuerzo especial para enfrentar un periodo que a mi juicio puede ser muy complejo, posterior a la catástrofe y que golpeará fuertemente a Atacama.  Por eso creo que aún estamos a tiempo de adelantarnos al agravamiento de la crisis, proponiendo a puede hacerse un “Fast Track” con las autoridades para entregar los permisos y así empujar a que –cualquier proyecto que cumpla con la legislación vigente-, se le pueda entregar las condiciones para que pueda iniciar sus operaciones y así evitar el sufrimiento que significa no tener trabajo o parar el desarrollo de nuestra región.

Hemos pasado por un momento muy duro, creo que debemos salir adelante y levantarnos nuevamente, y en esta propuesta que hago tenemos una herramienta fundamental para afrontar este duro trance, ahora sólo le pido a las autoridades del gobierno central y local que “no nos dejen solos” en esta compleja tarea que va en beneficio de toda la Región de Atacama.  

Un cambio profundo al sistema de salud. Por Alejandro Navarro, Vicepresidente del Senado

OPINIÓN 

Un cambio profundo al sistema de salud.

Por Alejandro Navarro, Vicepresidente del Senado

Publicado el: 22/05/2015

Diría alguna vez el gran filósofo alemán Arthur Schopenhauer, “tanto prevalece la salud por sobre todos los bienes exteriores que probablemente un mendigo sano será más feliz que un rey enfermo”.

Con esto simplemente quiero decir que la salud es una de las necesidades básicas de toda sociedad, un derecho, por lo que debemos hacer un cambio profundo en esta materia en nuestro país.

Hoy en día el problema que tenemos en Chile en torno a la salud es político y valórico. La inexistencia de un programa enfocado en los hombres,  la falta de un plan de salud mental o el grave déficit de recintos hospitalarios dan fe de nuestro retraso en esta área en comparación a los países que están a la vanguardia.

Tenemos también una gran preocupación por los funcionarios de la salud. El 80% de ellos trabajan a honorarios, las horas extras si se pagan son a valores muy bajos, no hay incentivos ni beneficios y esto sin duda que afecta en su salud mental. Los trabajadores no están felices haciendo su trabajo, esto lo transmiten aunque no lo quieran a sus pacientes y estos a su vez sienten disconformidad frente al servicio. De manera que todo se repite en un ciclo infinito de mediocridad.

Basta revisar un reciente estudio de la Superintendencia de Salud que estableció que el 92% de los usuarios cree que se debe hacer una reestructuración completa en el sistema.

 Sin duda que hay espacio para mejorar. El retraso en la construcción de hospitales, la falta de médicos especialistas en la Región del BíoBío y Chile, o el acceso total a la anticoncepción de emergencia para las mujeres son muestras de aquello.

Pero ante todo problema, debemos proponer y buscar las soluciones. Y por esto nos hemos reunido con la Ministra Carmen Castillo, planteándole la necesidad de contar con una Política Nacional de Salud de los Hombres y el legislar específicamente también sobre la salud mental, porque ya no queremos soluciones parche.

Por lo mismo, hemos presentado un Proyecto de Acuerdo, de manera que podamos contar con un Plan de Salud Mental de carácter intersectorial, interdisciplinario y además apoyado en una ley de salud mental, la cual se encuentre centrada en los derechos humanos y que permita un financiamiento acorde a las necesidades del país.

Es sin duda indispensable cambiar el paradigma y entender de una vez por todas que el dinero ocupado en salud no es un gasto, no es pérdida, es una inversión para el futuro de Chile. Si la gente está enferma no puede trabajar, se empobrece y el país no se desarrolla. Incluso la economía se ve afectada. Por esto debemos hacer un esfuerzo todos, el ejecutivo, el Congreso, los empresarios, la ciudadanía, de manera que tengamos una política de salud integral, que nos ayude a llegar al desarrollo y que nos permita ser una sociedad más sana, libre y porque no decirlo, también feliz.

La discriminación contra Los Ríos. Por Ena Von Baer, senadora por la Región de Los Ríos.

OPINOÓN 

La discriminación contra Los Ríos.

Por Ena Von Baer, senadora por la Región de Los Ríos.

Publicado el: 22/05/2015

Esta semana se votó en la sala del Senado el proyecto de Ley que crea dos universidades estatales en las regiones de Aysén y del Libertador Bernardo O´Higgins. Esto en el marco del programa de Gobierno que sostiene que es un anhelo de años en ambas regiones tener una universidad estatal. La razón sería contar en las regiones con un polo de desarrollo a partir de la investigación científica y con una oferta académica de calidad que frene la fuga de capital humano.

El paso que está dando el gobierno tiene un efecto directo sobre nuestra región. Porque a partir de esta ley, Los Ríos va a ser la única región que no tenga universidad estatal. Porque históricamente nuestra región optó por construir una universidad regional con raíces en sociedad civil, autónoma, con el apoyo, pero sin la tutela del Estado. De hecho nuestra Universidad Austral de Chile, UACh, cumple a cabalidad con las metas de las nuevas universidades estatales: arraigo regional, es un polo de desarrollo a partir de la investigación científica que realiza, y cuenta con una oferta académica de alta calidad. En este sentido la UACh es una universidad privada, pero con clara vocación pública.

El problema es que el Gobierno tomó una definición política en la Ley de Presupuesto. Por primera vez se hizo una diferencia en el financiamiento que reciben las universidades estatales versus las universidades privadas tradicionales miembros del Consejo de Rectores. Esto significó la separación del presupuesto entre las instituciones estatales y las privadas que históricamente habían recibido el mismo trato. Aunque después de la presión transversal de los parlamentarios de regiones el gobierno cedió aumentando el presupuesto para las universidades privadas tradicionales, la diferencia de trato con las estatales se mantuvo.

Con la nueva la ley discriminación en contra de la UACh, será también  una discriminación contra Los Ríos, porque nuestra región recibirá menos financiamiento para la educación superior que las demás. El llamado que hemos hecho durante la tramitación de esta ley es que el Gobierno entregue a la UACh el mismo financiamiento que a las universidades estatales, y que con eso reconozca su vocación pública, pero que además respete la decisión histórica de nuestra región de contar con una universidad autónoma, genuinamente regional.

Resulta paradojal e injusto es que los bancos no tengan la obligación de liberar las garantías aunque se haya extinguido la deuda, más aún cuando muchos consumidores no saben cómo liberarlas y sus garantías quedan cautivas por años.La Comisión de Economía aprobó en general el proyecto de ley que termina con esta situación. Por Eugenio Tuma, senador por la Región de La Araucanía

OPINIÓN

Publicado el: 15/05/2015

El crédito es una de los instrumentos esenciales en el  mercado financiero, del cual depende el acceso a bienes duraderos como la vivienda, capital de trabajo o un vehículo bienes duraderos.

No obstante el desarrollo masivo de la industria, con más de 15 millones de tarjetas de crédito no bancarias, 17 millones de tarjetas de débito bancarias, 4 millones de cuentas corrientes y un total de 5.454.043 deudores de créditos comerciales, hipotecarios y de consumo, las diversas normas incorporadas para una mejor regulación aún persisten asimetrías inexplicables.

Cuando un cliente no cumple los compromisos financieros los intereses, multas e incluso el remate de los bienes no se dejan esperar. Entonces en un mercado moderno se esperaría que cuando un cliente cumple con  sus obligaciones el término del contrato, su salida de la institución financiera o la liberación de las garantías se realizarán con agilidad y diligencia.

Pero en Chile eso no es así, en el caso de las garantías su liberación dista mucho de ser un derecho de los consumidores debidamente protegido. En nuestro país hay 5 millones 570 mil garantías en el sistema bancario, de las cuales, 3 millones 974 mil corresponden a garantías reales o de personas y 1 millón 484 mil son hipotecarias, el valor comercial total alcanza a más de 13 mil millones de UF.

En este dinámico e importante mercado resulta paradojal e injusto es que los bancos no tengan la obligación de liberar las garantías aunque se haya extinguido la deuda, más aún cuando muchos consumidores no saben cómo liberarlas y sus garantías quedan cautivas por años.

La Comisión de Economía aprobó en general el proyecto de ley que termina con esta situación, y  obliga a las instituciones financieras a liberar en breve plazo la garantía cuando el crédito ha sido cancelado en su totalidad.

A través de indicaciones vamos a extender esta obligación para las prendas y también vamos a revisar las garantías generales. Mucha gente no sabe que ha firmado dos garantías, una específica por ejemplo por el crédito hipotecario y cuando le entregan una tarjeta o línea de crédito le hacen firmar una general. Extinguida la operación principal la garantía debería quedar totalmente liberada y permanecer vigente para productos financieros que generalmente no requieren garantías.

Sólo entre  2014 y el primer trimestre del 2015 el Sernac recibió 148 denuncias, por negativas o lentitud en liberar garantías por parte de la entidad financiera que otorgó el crédito hipotecario. Los bancos son las instituciones más denunciadas por el no alzamiento de la prenda, con un 90% del total, de las cuales el 40% no han sido acogidas ni respondidas.

Esperamos que con la aprobación de esta iniciativa legal se termine esta asimetría tan abusiva que permite que cuando un consumidor financiero no cumple es castigado y cuando cumple y tiene garantías éstas quedan en cautiverio de la institución financiera, atrapadas por una trama burocrática y onerosa.  

Ley Ricarte Soto : "Que el remedio no sea peor que la enfermedad". Por Manuel José Ossandón, senador por la Región Metropolitana

OPINIÓN 

Ley Ricarte Soto : "Que el remedio no sea peor que la enfermedad".

Por Manuel José Ossandón, senador por la Región Metropolitana

Publicado el: 15/05/2015

Hace algunas semanas me tocó reemplazar al senador Francisco Chahuán en la Comisión de Salud, donde actualmente se está discutiendo la “ley Ricarte Soto”, un proyecto que tiene un noble propósito de proponer un sistema financiero para tratamientos de enfermedades de alto costo para la población.

Actualmente son 2 mil las personas que sufren enfermedades poco frecuentes de altísimos costos para las familias. Con este nuevo sistema se espera llegar a cubrir el tratamiento de cerca de 20 mil personas, que significa aumentar el presupuesto anual actual destinado de 17 mil millones de pesos en 4 años.

Con asombro me fui enterando, gracias a las organizaciones que acuden a la Comisión, que muchas enfermedades quedan sin cubrir, según el proyecto enviado por el Gobierno para sacar con discusión inmediata, antes del 21 de mayo, pues el discurso presidencial requiere de este esperado anuncio.

Sin embargo, y más allá de las intenciones del Gobierno de tener toda la lista de proyectos ya aprobados, me preocupa el fondo de la ley. No vaya a ser cosa, que por mejorar un sistema que actualmente funciona mal quede aun peor, es decir no vaya a ser cosa que el remedio sea peor que la enfermedad.

Este popular dicho tiene hoy más validez que nunca, ya que si bien es cierto las intenciones son nobles, buenas razonables y compartidas por todos los sectores políticos, no es menos importante constatar que el fondo y el detalle del proyecto debe ser perfeccionado, sobre todo en relación a los recursos y la definición de enfermedades raras.

Y tanto es así que el propio Gobierno se comprometió a enviar indicaciones para solucionarlo, sin embargo estas no llegaron a tiempo y es por eso que la ley actualmente se encuentra en pausa.

No hay nadie que no quiera sacarla adelante este proyecto, pero no de cualquier forma. Sacar una ley para el 21 de mayo, una ley mala para la gente que sufre, es una irresponsabilidad que no tiene nombre.

La forma en cómo se planteó esta iniciativa es la copia del Auge, que ha sido exitoso para enfermedades que tiene evidencia científica. Con este sistema va a haber un decreto que va a señalar las enfermedades que van a  poder postular y van a quedar cientos de enfermedades fuera, en vez de haber creado un fondo en la que gente que no puede pagar estas enfermedades raras, postule según su ingreso económico para que el Estado lo ayude.

Todos coincidimos en que hay que ayudar a financiar a la gente que no tiene opciones cuando enfrenta este tipo de enfermedades raras y de alto costo, que son imposibles de pagar para cualquier familia común y corriente, pero el mismo tiempo debemos ser responsables y legislar como corresponde, escuchando a todos los afectados y llegando a acuerdos en materias tan sensibles como a salud de los que más sufren.

Es de esperar que la ansiedad previa al 21 de mayo, no sea obstáculo para sacar adelante una ley moderna, justa y que el día de mañana no tengamos que estar lamentando sus consecuencias.

El sólido trabajo del equipo jurídico chileno en La Haya. Por Patricio Walker Prieto, Presidente del Senado

OPINIÓN 

El sólido trabajo del equipo jurídico chileno en La Haya.

Por Patricio Walker Prieto, Presidente del Senado

Publicado el: 08/05/2015

Esta semana ha sido muy importante para Chile. Hemos sido testigos y protagonistas de un proceso histórico a nivel del derecho internacional y fuimos capaces de darle a conocer a todo el mundo, mediante sólidos argumentos jurídicos, nuestra postura con respecto a la incompetencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en relación a la demanda marítima boliviana. 

                                                 

Pero no sólo demostramos un excelente desempeño a nivel jurídico.  Como país, supimos dejar de lado nuestras diferencias y la coyuntura política que esta semana golpeó con fuerza al Gobierno, para demostrar que ante temas de Estado como la defensa de la soberanía, todos los sectores trabajamos unidos y nos cuadramos en post de los intereses nacionales.          

Quiero en primer lugar felicitar al canciller y el equipo jurídico encabezado por el Agente Felipe Bulnes, por el gran trabajo que se ha realizado para defender nuestra tesis. Chile sostiene que la demanda marítima de Bolivia no tiene fundamentos, no puede ser conocida por la Corte Internacional de Justicia, por que esta corte carece de jurisdicción y competencia.

Es importante recordar el origen de la demanda boliviana, que se remonta a la reforma constitucional que promovió el presidente Evo Morales el año 2009 en el Congreso Boliviano que establecía un supuesto derecho de acceso soberano irrenunciable e imprescriptible para Bolivia al mar.

En el artículo nueve de la Constitución se afirmaba que en cuatro años se debía lograr una renegociación del tratado.  Se crearon muchas expectativas que no se pudieron cumplir, por lo que el parlamento boliviano dictó una ley interpretativa a instancias del presidente Morales, que declaraba que se podría cumplir con el objetivo de esta reforma ejerciendo acciones legales ante la Corte Internacional de Justicia.

En definitiva, el Presidente Morales se auto impuso una obligación que no fue capaz de cumplir, porque era imposible imponerle eso a nuestro país.  Se puso en un pie forzado, en un zapato chino del cual no podía salir. El camino que eligió Bolivia de demandar a Chile fue un mal camino, porque no se pueden solucionar problemas de política interna con demandas internacionales.

En el pacto de Bogotá, que se firmó el 30 de abril de 1948, se estableció que todas aquellas materias  que quedaron resueltas  por tratados vigentes a esa fecha, quedaban excluidas de este  tratado americano de solución pacífica de controversias. Esto significa que la Corte Internacional de Justicia no tiene jurisdicción ni competencia para conocer sobre estos casos.

El tratado de 1904 reguló tres materias muy importantes. En primer lugar, la soberanía territorial sobre 120 mil kilómetros cuadrados que en el pasado correspondían a Bolivia, quedaban en manos de Chile. En segundo lugar, se estableció y determinó el límite fronterizo entre Chile y Bolivia; y en tercer lugar el carácter o la naturaleza (derecho de acceso no soberano a través de un derecho de tránsito perfecto de libre tránsito comercial) del acceso que se le daba a Bolivia al territorio Chileno para llegar a los puertos del océano pacífico, en este caso los puertos de Arica y Antofagasta.

Estas tres materias fueron resueltas en aquel tratado. En este sentido todos los actos unilaterales, las notas diplomáticas a las que aludió Bolivia en su defensa están contenidas en el tratado en el tratado de 1904. Bolivia intentó dar a entender  que son temas independientes, ajenos al tratado y por lo tanto no estarían buscando modificarlo, pero en la práctica lo estaban haciendo. Todos estos diálogos y negociaciones fracasaron. Hubo conversaciones, pero nunca llegaron a acuerdo.

De hecho, la pregunta realizada por el juez  Christopher Greenwood  sobre la fecha en que, según la tesis del equipo boliviano,  hubo un acuerdo respecto a la negociación de acceso soberano al mar, no fue respondida con claridad, dejando de manifiesto la debilidad de los argumentos presentados por los abogados de Bolivia.   

Chile y Bolivia deberán responder a la pregunta que realizó el Juez Japonés Isashi Owada, quien consultó a ambas partes el significado de la expresión "acceso soberano al mar". Luego de esto, en octubre o noviembre podríamos tener novedades en relación a lo que dictaminen los Jueces sobre la solicitud chilena de declarar incompetente a la Corte Internacional de La Haya en esta demanda. 

Tenemos que estar tranquilos, porque el equipo jurídico de Chile realizó un gran trabajo y representó de gran manera a nuestro país,  expresando con toda claridad que acá hay una demanda  artificial, que no tiene fundamentos y  que el único instrumento que establece obligaciones y derechos es el tratado de Paz y Amistad entre ambos países en 1904.

Empresas y relaciones laborales. Por Rabindranath Quinteros, senador por la Región de Los Lagos

OPINIÓN 

Empresas y relaciones laborales.

Por Rabindranath Quinteros, senador por la Región de Los Lagos

Publicado el: 08/05/2015

El empresariado se ha mostrado especialmente inquieto ante el proyecto de ley que amplía y fortalece la negociación colectiva en las empresas y ha re-iniciado una campaña del terror, descalificando la iniciativa que moderniza las relaciones laborales, acusándola de ser pro-sindical y de generar desempleo.

Por medio de voceros oficiosos como el presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile, Juan Pablo Sweet, la dirigencia empresarial de organismos como CPC y SOFOFA, dejan en claro que no son partidarios de la simetría de las relaciones entre trabajadores y empleadores, y que prefieren las empresas en que no existan sindicatos ni liderazgos laborales.

Resulta curioso, y hasta contradictorio, que el empresariado chileno, formado en colegios y universidades católicas, omita los planteamientos de la doctrina social de la iglesia y siga promoviendo un estilo de gestión empresarial que niega los derechos básicos de los trabajadores -como su organización en sindicatos- y prefiera a los “grupos negociadores”, sin fuero ni protecciones.

La modernidad empresarial no puede aparecer sólo cuando hay que firmar acuerdos de libre comercio que amplían mercados para sus productos, para transformarse en conservadurismo cuando se trata de mejorar las relaciones laborales y reconocer a los sindicatos. Este comportamiento representa una cultura empresarial que no le hace bien al país ni menos a su desarrollo productivo.

El proyecto del Gobierno imprime mayor adaptabilidad y dinamismo al mercado laboral, al permitir que trabajadores –debidamente representados por sindicato – y empleadores puedan acordar la aplicación de pactos sobre condiciones especiales de trabajo relativas a la jornada laboral y al extender las materias a negociar colectivamente.

También promueve la titularidad sindical, elimina los grupos negociadores cuando en una empresa hay sindicatos, elimina los reemplazos en las huelgas y crea los servicios mínimos en caso de huelga legal.

Está demostrado que la mayor productividad se logra con empresas que invierten en capital humano, innovación y tecnología, promueven climas laborales de colaboración/cooperación, respetan la organización de los trabajadores y acogen la negociación colectiva amplia para concordar materias como los incentivos salariales.

La propuesta  del Ejecutivo apunta a generar una nueva cultura en las empresas donde los sindicatos dialoguen con sus empleadores. El sindicalismo, en tanto, debiera valorar estos avances y construir una mayoría que otorgue legitimidad social a esta reforma laboral, dejando en evidencia la minoría que descalifica la iniciativa sin valorar el avance legislativo que este proyecto significa para el mundo del trabajo.

En el Congreso vamos a escuchar todas las opiniones. Ese es el espacio para analizar y perfeccionar el proyecto del Gobierno. Lo que no resulta presentable es que se pretenda paralizar este necesario debate a través de campañas negativas por parte del empresariado.

Una Reforma para todos los trabajadores. Por Hernán Larraín, senador por la Región del Maule

OPINIÓN  

Una Reforma para todos los trabajadores.

Por Hernán Larraín, senador por la Región del Maule

Publicado el: 08/05/2015

El debate por la reforma laboral está tomando fuerza y así lo están entendiendo en todos los partidos políticos. En nuestra coalición hemos estado atentos al desarrollo de esta iniciativa del gobierno, que pronto ingresará al Senado.  Y si bien hasta ahora la discusión de la agenda laboral se ha centrado en nueve puntos, de los cuales existen algunos de interés y de mucha convergencia, también hay inquietudes en otros.

En primer lugar, hemos valorado la necesidad de cambiar un poco el espíritu en las negociaciones colectivas incorporando la mediación como un elemento central en ella. Desarrollar la mediación de muchas formas puede ser una gran forma de resolver conflictos de una manera inteligente y técnicamente favorable tanto para los trabajadores como para la empresa.

También se puede destacar la capacitación de los dirigentes sindicales, cuya formación es indispensable para que ellos puedan hacer una buena defensa de sus derechos y, al mismo tiempo, puedan comprender la racionalidad de la argumentación de la empresa.

Sin embargo, creemos que faltan aspectos centrales para que esta reforma laboral beneficie a todos los trabajadores y no sólo algunos.

Tenemos una reforma laboral que está pensada para un tercio de los trabajadores chilenos. Le hemos planteado al Ejecutivo que su agenda laboral es parcial y no está debidamente enfocada. Existe una falencia clara, por parte del gobierno,  al no incluir a los trabajadores no sindicalizados, a esto se suma, que la agenda tampoco beneficia a los trabajadores cesantes y a los trabajadores públicos.

En ninguno de los casos el proyecto de La Moneda plantea propuestas claras. Por ejemplo, en el caso de los trabajadores sin empleo, creemos que la agenda debería considerar formas de capacitación que les permita mejorar sus condiciones y posibilidades de conseguir trabajo.

Asimismo, creemos que el gobierno debe considerar en la discusión el acceso de empleo a los jóvenes. Hoy día hay 560 mil jóvenes que no trabajan ni estudian.

También se debe fortalecer el empleo de la mujer. Actualmente, solo un 47% de las mujeres, del total de la fuerza femenina, tiene acceso al mundo del trabajo y no se hace muy compatible con la familia.

El gobierno debe ampliar su agenda laboral, para que, no solo una parte de los trabajadores sientan que están siendo mejorados sus derechos sino que todos los trabajadores chilenos.

Además, creo que se debe presentar una agenda laboral para los trabajadores del sector público, pues los distintos puntos que se han abordado sólo apuntan al mundo privado. Los funcionarios del sector público también tienen problemas y hemos señalado la necesidad de que se estructure una agenda con al menos tres temas centrales: el establecimiento de la negociación colectiva con derecho a huelga de los trabajadores de sector público; la situación de los trabajadores a honorarios y la necesidad de instalar una suerte de Dirección del Trabajo, que sea el ente que regule, en los distintos órganos públicos, el cumplimiento de las obligaciones laborales.

Respecto del derecho a huelga de los trabajadores, creemos que se debe ponderar por una parte, el legítimo derecho de los trabajadores asociados en un sindicato a tener una capacidad de negociación real que se ve debilitada por el reemplazo, versus la subsistencia  de la fuente de trabajo. Si se logran compatibilizar esos dos objetivos creo que se puede avanzar en alguna regulación, por eso que esperamos cuál va a ser finalmente la propuesta del Gobierno.

Es muy importante que esta agenda laboral, se dé en un ambiente de fortalecimiento de los derechos de los trabajadores y al mismo tiempo en armonía con la necesidad de una reactivación económica del país que a todas luces es necesaria.

Le hemos hecho presente al Ministerio del Trabajo sobre la importancia  de contar no sólo una mirada sino que también la mirada del conjunto porque al final la subsistencia de la fuente de trabajo es tan importante para la empresa como para los trabajadores. 

Cultura: Y la descentralización presupuestaria ¿cuándo?. Por Alfonso De Urresti, senador por la región de Los Ríos

OPINIÓN 

Cultura: Y la descentralización presupuestaria ¿cuándo?.

Por Alfonso De Urresti, senador por la región de Los Ríos

Publicado el: 29/04/2015

El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) es, como pocas, una institución cuya vocación regionalista es establecida por mandato legal. Su sede está en Valparaíso y el Art. 2 de la Ley N°19.891 dispone, como principio básico de dicha institución, “la búsqueda de un desarrollo cultural armónico y equitativo entre las regiones, provincias y comunas del país”, con especial énfasis en lo referente a la distribución de los recursos públicos destinados a la cultura.

Sin embargo, a casi 12 años de la creación del CNCA, la vocación descentralizadora y, sobre todo, el citado énfasis presupuestario, está en deuda. Tal como los hemos venido señalando desde hace un tiempo, existe una necesidad de descentralizar la cultura, en la que es prioritario abordar el desequilibrio presupuestario existente entre el nivel central y regional.

Si bien el CNCA ha sido dotado de un relevante aumento del presupuesto para el 2015, ello no se ha reflejado en un mayor presupuesto para las regiones distintas de la Metropolitana.

En efecto, a la hora de analizar los ámbitos que dan cuenta de este problema, hay dos que a todas luces urge solucionar. Uno es el relativo a las transferencias de recursos que se efectúan al sector privado y el otro la distribución de los fondos concursables.

Respecto de las transferencias, tal como lo denunciamos con motivo de la discusión del presupuesto para Cultura, el Parque Cultural Valparaíso es la única transferencia netamente regional a instituciones colaboradoras del sector privado, de un total de 13 que consagra el presupuesto del CNCA y de 6 transferencias que establece el presupuesto de la DIBAM.

Dicha situación, debe necesariamente modificarse para el presupuesto 2016, para que éste disponga los recursos y las condiciones necesarias que permitan contar con transferencias a instituciones privadas colaboradoras del sector público, en cada una de las regiones del país.

Por otra parte, tal como lo diagnosticó el Observatorio de Políticas Culturales, los resultados de la última convocatoria, lamentablemente continúan con una desigualdad territorial en la entrega de los fondos culturales, toda vez que, del total de recursos adjudicados, el 53% se concentra en la Región Metropolitana.

El citado estudio, da cuenta de una realidad dramática para las regiones. Al revisar el detalle territorial, descontando la Región de Valparaíso que se lleva un 12,7% de los recursos y la del Bío-Bío que se lleva un 6%, el resto de las doce regiones no supera el 4%, siendo las zonas del extremo norte del país (Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta) las más perjudicadas, al obtener cada una menos del 1,5% del total de recursos que se asignaron en la última convocatoria de fondos concursables.

Ahora bien, la desigualdad también se produce a nivel central, al reparar en que, del total de proyectos seleccionados de la Región Metropolitana, el 75%, pertenece a las cinco comunas del sector oriente de la capital (Las Condes, Vitacura, La Reina, Providencia y Ñuñoa), más la comuna de Santiago.

Nos mantendremos en el objetivo de lograr una real descentralización cultural para el país, de manera que el problema que señalamos, se traduzca en acciones concretas que lo aborden. En ese sentido, presentamos indicaciones al reciente presupuesto de Cultura, con el fin de establecer criterios o cuotas mínimas de asignación presupuestaria para proyectos de regiones distinta de la Metropolitana. Seguiremos insistiendo en ellas.

Sólo con una real y comprometida descentralización presupuestaria podremos abordar el desafío que el gobierno ha asumido de mejorar las condiciones de acceso e inclusión de los fondos de Cultura, así como también de avanzar en una verdadera regionalización cultural.

En caso contrario, seguiremos a la espera de una justicia distributiva también en este importante ámbito del desarrollo de un país.

Asignación de Zona. Por Antonio Horvath, senador por la Región de Aysén

OPINIÓN 

Asignación de Zona.

Por Antonio Horvath, senador por la Región de Aysén

Publicado el: 24/04/2015

Los funcionarios, trabajadores públicos y municipales, se encuentran desarrollando un paro en la Región de Aysén por un mejoramiento y nivelación de zona desde hace 2 semanas. Este problema se genera el año 1974, cuando se deja de aplicar el porcentaje de Asignación de Zona, al total de los ingresos y solamente se hace al sueldo base, exceptuando de ello a los de las Fuerzas Armadas y del Poder Judicial.

Este porcentaje de Asignación de Zona, cubre el mayor costo de vida y las condiciones de aislamiento que tienen las zonas extremas de nuestro país, como son: Arica, Parinacota, Tarapacá, Islas de Rapa Nuí y Juan Fernández; Palena, Aysén y Magallanes.

Las condiciones desde ese año a la fecha han cambiado, sin embargo se mantiene en buena medida en términos relativos, el aislamiento y las dificultades propias que produce el exacerbado centralismo que padece Chile. Ha habido una predisposición positiva en las autoridades del actual gobierno en resolver gradualmente esta situación.

Esto, requiere de una visión más amplia que permita hacer justicia, aparejar un mayor empoderamiento del sector público, de manera que la ciudadanía y el sector privado, perciban también los beneficios. En los hechos se tiene que traducir en generar una mejor gestión reduciendo los procesos burocráticos y además permitiendo legalmente una mayor injerencia, en la realización de estudios, obras, construcción y administración, particularmente en las zonas aisladas del país.

El Estado, históricamente no es un buen ejemplo como empleador. Se mantienen muchas diferencias entre prestaciones de servicios semejantes y hay distintas situaciones contractuales: por Código del Trabajo, a Honorarios, Contrata y Planta. La productividad del sector público y municipal puede ser sustantivamente mejorada, con buenas condiciones labores, menor burocracia y transparencia.

El Movimiento Social de Aysén de Febrero de 2012, se produjo por una serie de peticiones históricas que no se iban resolviendo, por una aprobación irregular del proyecto Hidroaysén a nivel regional y un cierre brusco de las negociaciones con los representantes del sector público y municipal, por la misma causa: la nivelación de zona. Este Movimiento hace tres  años se pudo resolver con el compromiso de una rebaja en los combustibles mediante zona franca y un pago de la bonificación por contratación de mano de obra, que se viese reflejado en un mejor ingreso para los trabajadores. Estos dos puntos se encuentran todavía pendientes y en vías de solución.

ONEMI: Peligro inminente. Por Iván Moreira, senador por la Región de Los Lagos

OPINIÓN

ONEMI: Peligro inminente

Por Iván Moreira, senador por la Región de Los Lagos

Publicado el: 10/04/2015

Los países, al igual que las personas, progresan cuando toman conciencia de sus errores y son capaces de corregir los mismos. Por eso, la experiencia puede ser muy valiosa cuando se sacan conclusiones correctas y se adoptan decisiones tendientes a enmendar ciertas deficiencias o equivocaciones.

Es por tal razón que el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, que asumió el mando del gobierno a semanas de haber ocurrido uno de los terremotos más fuertes de la historia de la humanidad, no solo comenzó un eficiente trabajo de reconstrucción de gran parte del país, sino que además, paralelamente, trabajó en crear un proyecto que contempla una nueva institucionalidad para que Chile estuviera mejor preparado para enfrentar los desastres naturales que ocurren con tanta frecuencia. Tal proyecto no solo se centra en desarrollar un sistema para tener una reacción y respuesta rápida y eficaz frente a una emergencia, sino que aborda también la prevención, la reducción de riesgos, y la reconstrucción.  Además, propone crear una Agencia Nacional de Protección Civil, que reemplaza a la actual ONEMI; un Consejo Nacional y Comités de Protección Civil; Comités de Operación de Emergencia; y una Red de Monitoreo Sísmico Nacional.

Este proyecto de ley que establece un nuevo sistema que coordina a los distintos organismos públicos y privado y que integra a las FFAA y de Orden y Seguridad, fue ingresado al Congreso el 22 de marzo de 2011., es decir hace 4 años atrás. Si bien es cierto el proyecto en un inicio avanzaba con un debate razonable, a medida que se acercaba el término del gobierno del Presidente Piñera se empezó a entrabar más la discusión a instancia de parlamentarios de la entonces Concertación. Y una vez asumido el gobierno de la Nueva Mayoría, el proyecto pasó a último lugar de importancia dejándose de calificar con alguna “urgencia” en el Senado.

La desidia con la que el gobierno trato este proyecto de ley ha significado que los desastres naturales que ha sufrido nuestro país, tales como terremotos; incendios en el sur y ahora los aluviones del norte, los hayamos tenido que enfrentar con una institucionalidad que fue creada el año 1974 mediante un Decreto que crea la ONEMI y que no cuenta con una real capacidad para afrontar adecuadamente este tipo de tragedias. Lo preocupante es que los mismos que gobiernan ahora, ya conocían las falencias de nuestra Oficina Nacional de Emergencia pues habían tenido la experiencia del terremoto del 24/7 de 2010 (todos recordamos las descoordinaciones de la Onemi, que se han mostrado por imágenes, como también los llamados de alerta de tsunami y después el equivocado llamado suspendiendo la alerta).

Pero a pesar de todo esto, el proyecto ingresado por el Presidente Piñera en el Congreso que contemplaba las nuevas tecnologías que existen en la actualidad y las recomendaciones internacionales ajustadas a la realidad de Chile para enfrentar estos desastres, siguió descansando en algún escritorio en el Congreso. El gobierno no tramitó este proyecto ya sea para no tener que reconocer una obra más del gobierno del Presidente Piñera o porque estaba concentrado en sus reformas ideológicas que han denominado, ellos mismos, como “la retroexcavadora” de los cimientos de  desarrollo de nuestro país. Como sea, el gobierno de la Nueva Mayoría, no fue capaz de culminar esta nueva institucionalidad que de haber existido hace unas semanas atrás, probablemente hubiera salvado muchas vidas que hoy lamentamos por el desastre del aluvión del norte.

Plantas desalinizadoras. Por Adriana Muñoz, senadora por la región de Coquimbo

OPINIÓN 

Plantas desalinizadoras.

Por Adriana Muñoz, senadora por la región de Coquimbo

Publicado el: 02/04/2015

¿Qué pasaría si los seis millones de habitantes de Santiago amanecieran mañana sin agua? Ha ocurrido por emergencias, ¿pero qué sucedería si esta contingencia no fuera solucionable por la acción humana, sino que estuviera relacionada a una sequía que sólo amenaza con empeorar? Seguramente los noticieros mostrarían hordas de chilenos protestando en La Moneda.

Lo cierto es que para los habitantes de la zona norte y centro sur esa emergencia no es ficción. Hoy, a lo largo de Chile, casi 600 mil personas obtienen agua gracias a camiones aljibes. Dos de cada tres comunas del país están en estado de emergencia debido a la escasez hídrica. En total tenemos 194 comunas en situación de emergencia agrícola desde la región de Atacama hasta Los Lagos.

La Presidenta Bachelet anunció recientemente un plan nacional para enfrentar la sequía que considera una inversión de 105 mil millones de pesos para el 2015 y una serie de medidas de corto y largo plazo, que contempla desde la adquisición de más camiones aljibes a la instalación de plantas micro desaladoras, embalses y plantas desaladoras de mayor magnitud en zonas críticas como la cuenca del Choapa y Limarí.

Es una buena noticia que el gobierno anuncie medidas de fondo, pero no podemos repetir errores y hay lecciones que debemos aprender antes de tomar algunos de estos caminos, como la instalación de plantas desalinizadoras.

La masificación de proyectos para desalar agua, que desde el Congreso varios promovemos con entusiasmo, requiere determinar previamente un modelo de construcción y gestión.

Hay que rayar bien la cancha antes de iniciar una empresa que tiene como materia prima el mar de todos los chilenos. Es clave definir cómo se financiará y llevará adelante la construcción y administración de estas plantas. Muchos pensamos que por su carácter estratégico, el Estado debe tener un rol sustantivo en esta materia.

Es imprescindible tomar todos los resguardos para evitar que la instalación de estos proyectos no termine siendo una nueva oportunidad de especulación y abuso para los privados.

En este sentido, es preocupante lo que está ocurriendo en Copiapó con la empresa sanitaria Aguas Chañar, a la cual el Estado le entregaría la construcción de una planta desalinizadora para el suministro de agua potable, pero dejando demasiadas interrogantes, como el valor de la tarifa para los usuarios hasta el modelo de negocios que se abre para una empresa privada con la entrega ¡sin costo alguno! del agua de nuestro mar.

También es fundamental establecer un marco para que estos proyectos se lleven a cabo sin daños al medioambiente. La flora y fauna marina ya sufre hoy los embates de la industria pesquera y energética; no necesita sufrir también por un mal manejo de plantas desaladoras.

Quienes  enfrentamos la sequía en nuestras zonas, somos los primeros en aplaudir una política pública que enfrente el problema, pero como conocemos también el lado oscuro de la industria, es pertinente alentar desde ya al Estado a hacer las cosas bien para evitar abusos futuros.