Proponen pérdida del cargo por no realizar declaración de intereses y patrimonio a parlamentarios, ministros del TC y al Fiscal Nacional
A través de una moción, un grupo transversal de senadores buscan reformar la Constitución para establecer la pérdida del cargo por infracción grave al principio de probidad y que incluye, además, a los ministros de los Tribunales Superiores de Justicia, lo que perfeccionaría el mensaje ad hoc recientemente aprobado.
Publicado el: 29/05/2015
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento será la encargada de analizar el proyecto de ley, presentado por los senadores Alberto Espina, Carlos Bianchi, Hernán Larraín, Rabindranath Quinteros y Andrés Zaldívar, por medio del cual proponen una reforma constitucional que establece la pérdida del cargo por infracción grave al principio de probidad, en lo que se refiere a la obligación de realizar declaración de intereses y patrimonio a senadores, diputados, ministros del Tribunal Constitucional, Fiscal Nacional y ministros de los Tribunales Superiores de Justicia.
CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PROBIDAD
Según argumentaron los legisladores, "el ejercicio de toda función pública obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas y cada una de sus actuaciones tal como lo señala el inciso primero del artículo 8° de nuestra Constitución".
Para mayor abundamiento, de acuerdo al inciso segundo del artículo 52 de la ley 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, dicho principio consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular.
A su vez, este se encuentra absolutamente relacionado con el principio de servicialidad, contenido en el inciso cuarto del artículo 1° de la Carta Fundamental, en virtud del cual "el Estado se encuentra al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece".
EVITAR DISCRIMINACIÓN
En este marco, los parlamentarios recordaron que la Comisión de Gobierno, Regionalización y Descentralización del Senado recientemente despachó el proyecto de ley sobre "Probidad en la Función Pública" (Boletín 7616-06) que se encuentra actualmente en segundo trámite constitucional en la referida Corporación.
A raíz justamente de la discusión en particular del proyecto que regula especialmente la obligación de autoridades y funcionarios públicos a realizar declaración de intereses y patrimonio, "se aprobó que los sujetos obligados que mantuvieran el incumplimiento de dicha declaración por un período de cuatro meses siguientes a una sanción de multa previamente establecida, esta situación se considerará una falta grave a la probidad y dará lugar a la destitución o cese de funciones del infractor", se desprende de la argumentación del texto legal.
Sin embargo -según indicaron los autores de la moción- la Comisión de Gobierno, "advirtió en la tramitación que se estaba dando una discriminación arbitraria respecto de ciertas autoridades en relación a los demás funcionarios, específicamente, de los senadores, diputados, ministros del Tribunal Constitucional, el Fiscal Nacional y los ministros de los Tribunales Superiores de Justicia, toda vez que ellos, aun cuando incurrieran en la hipótesis de la infracción, no se les podía aplicar la misma sanción dado que debía constar expresamente dicha circunstancia en la Constitución Política de la República, lo que ameritaba necesariamente una reforma constitucional".
Ante esta situación, los congresistas insisten en que "con el objeto de aumentar los estándares de estas autoridades que detentan cargos públicos y someterse en igualdad de condiciones con todos los sujetos obligados a declarar intereses y patrimonio" presentan esta reforma constitucional.
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